Por ejemplo, el ahora ex fiscal de segunda instancia Jorge Echeverry, además de que estuvo a punto de dejar en libertad a John Freddy Manco Torres, alias El Indio, y a Juan Felipe Sierra, el empresario antioqueño que hoy tiene en aprietos al ex fiscal Guillermo León Valencia Cossio, también estuvo a punto de conceder libertad al ex alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, aunque estuvieron involucrados otros funcionarios judiciales.
Aparte de que ordenó revocar la medida de aseguramiento en contra del mandatario por su presunta responsabilidad en el homicidio del veedor ciudadano Pedro Durán, Echeverry determinó que se debía cancelar la orden de captura contra el mandatario local, a pesar de que se encontraba detenido por el homicidio de Flórez, asesor externo de la Alcaldía de la capital de Norte de Santander.
Al mismo tiempo con la cadena de circunstancias que han generado suspicacias, también se sumó que el juez octavo del Circuito Especializado de Bogotá, Rafael Alirio Gómez, se declaró impedido para presidir el juicio por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez, en el que también es investigado Suárez Corzo, argumentando que el fallecido no era servidor público porque había sido vinculado a la administración municipal como asesor externo. Señaló el juez Gómez que quienes ostentan la calidad de empleados públicos son designados por acto administrativo y son de libre nombramiento y remoción, o empleados oficiales si se encuentran vinculados a través de contrato de trabajo.
Por eso remitió el proceso a la justicia ordinaria. Entonces el caso fue asumido por el juez primero penal del Circuito, que aceptó el argumento de un fiscal de Derechos Humanos que planteó una colisión de competencias, manifestando que a la altura del juicio, el juez especializado no podía declararse impedido y mucho menos cuando la Corte Suprema de Justicia le había entregado el proceso, luego de que fuera enviado de Cúcuta a Bogotá, por solicitud de la Fiscalía. Esa decisión evitó que el ex alcalde recuperara su libertad por vencimiento de términos, debido a que en la justicia ordinaria son más cortos los plazos para investigar y tomar decisiones.
No obstante, la Corte Suprema tuvo que volver a pronunciarse y en providencia del pasado 30 de octubre recordó que la ley señala que también son servidores públicos los particulares que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria, como ocurría con Flórez, quien prestaba servicios de asesoría jurídica, emitía conceptos, elaboraba contratos y contestaba derechos de petición, entre otras funciones.
Por eso ordenó que el proceso regresara al Juzgado Octavo Especializado de Bogotá, que deberá reiniciar el juicio, aunque el juez Gómez ya había sentado una posición al respecto, por lo que no sería extraño si se declara impedido para continuar con la causa. Ahora la Fiscalía trata de establecer si en la circunstancias que casi llevan a la libertad tanto a Suárez Corzo como a Juan Felipe Sierra y a John Freddy Manco Torres, alias El Indio, segundo de la organización del señalado narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hubo alguna clase de conexión o si se trató de fallas o errores de análisis en el que pudo incurrir el ex fiscal Echeverry.
La acusación
El ex alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez ejerció el cargo entre 2004 y 2007. Fue acusado por los detenidos Jhonattan Sepúlveda y Yovanis Enrique Herazo de haber estado detrás del homicidio de Alfredo Enrique Flórez, como favor que los paramilitares le hicieron a Suárez porque Flórez se había convertido en una “piedra en el zapato” en sus aspiraciones para convertirse en alcalde. Flórez fue asesinado el 6 de octubre de 2003 en el municipio de Los Patios, jurisdicción de Cúcuta, por miembros del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ramírez Corzo fue vinculado a la investigación el primero de octubre de 2007 por un fiscal de derechos humanos.