Nadie termina de entender cómo un osado excomandante de contraguerrilla y después miembro de las autodefensas terminó asesinado el pasado viernes por un campesino, luego de una riña en una vereda de Florida Blanca (Santander). Los más sorprendidos están en la agencia antidrogas de Estados Unidos DEA, donde David Hernández López, alias Diego Rivera, no sólo era testigo protegido, sino que además seguía recibiendo beneficios económicos. En la Corte Suprema saben que fue testigo clave en los procesos de la parapolítica.
La historia que se divulgó fue que el viernes un campesino de nombre Mario Henry Cabrera llegó a una estación de Policía de Bucaramanga para confesar que había asesinado a un hombre en la finca Guayacán, de la vereda San Ignacio, e incluso entregó una escopeta con la cual consumó el crimen. El hombre quedó en libertad horas después por disposición de un juez de garantías bajo el supuesto de que fue un homicidio en legítima defensa. Cuando se conoció quién era la víctima, han llegado solicitudes para investigar el caso a fondo.
Básicamente porque alias Diego Rivera no era un testigo cualquiera. Después de siete años de pertenecer a las Fuerzas Militares, en las que incluso alcanzó a ser comandante de contraguerrilla en el Caquetá antes de su retiro, sin sanciones disciplinarias ni penales, en 1994, regresó a su natal Bucaramanga y se vinculó a las Autodefensas Unidas de Colombia. Sus primeros años en la ilegalidad los pasó en el sur de Bolívar, donde el paramilitarismo entró a disputar la hegemonía de la región al Eln, pero luego empezó a recibir misiones especiales.
En el libro Paracos, del escritor y periodista Alfredo Serrano, hay un capítulo dedicado a la historia aparte de alias Diego Rivera. Él mismo relató, paso a paso, su vida en las autodefensas. Cómo a mediados de 2001 viajó a Bogotá para integrar el tenebroso bloque Capital, que sembró la muerte en los suburbios de la capital; de qué manera esta organización se gestó con dineros del narcotráfico aportados por Miguel Arroyave y, por ejemplo, cómo unidades de la Fuerza Pública aportaban inteligencia para garantizar el éxito de este bastión criminal.
Después de algunos meses secundando a Arroyave y a Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, recientemente capturado en Argentina, alias Diego Rivera viajó a Nariño y pasó a órdenes de Pablo Sevillano, quien estructuraba el bloque Libertadores del Sur, frente clave para el negocio del narcotráfico y la acción de contraguerrilla. Junto con Pablo Sevillano tuvo su proyección fundamental en las autodefensas y de paso el apoyo de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien pronto lo vinculó al Bloque Central Bolívar en Caucasia.
Fue en esa estructura armada, a partir de 2002, cuando empezó a darse cuenta de cómo los dirigentes políticos o algunos miembros de las Fuerzas Militares hacían causa común con el paramilitarismo. Según lo relató al periodista Serrano, vía Macaco conoció al coronel Hugo Aguilar, tiempo después gobernador de Santander; y fue testigo, por ejemplo, de cómo días antes de las elecciones de 2006, en presencia suya, se le entregaron de a US$200 mil para sus campañas políticas a los candidatos al Congreso Habig Mereg y Dieef Malog.
En ese contexto ilegal se produjo en 2006 la reunión que tiempo después le detalló a la Corte Suprema de Justicia y que fue determinante para abrir el capítulo de la parapolítica en Santander. El testimonio de alias Diego Rivera dio cuenta de que enviado por los comandantes paramilitares alias Macaco y Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, él se reunió con los dirigentes políticos Alfonso Riaño, Óscar Josué Reyes, Óscar Suárez Mina y Luis Alberto Gil, a quienes les garantizó apoyo económico y base electoral para ganar en las urnas.
Esa reunión permitió a la justicia procesar a los cuatro políticos. En ella, según las declaraciones aportadas a la Corte, alias Diego Rivera presentó a consideración de los políticos el proyecto “Semillas de paz – Santander”, una propuesta de los desmovilizados para redondear el apoyo a los móviles de las autodefensas. En otra declaración al alto tribunal, el testigo aseguró que en Lebrija asistió a otra reunión entre miembros de las autodefensas y dirigentes políticos para planear el apoyo de la candidatura de Carlos Clavijo al Senado.
Con el tiempo, alias Diego Rivera ingresó al programa “Delinquir no paga”, patrocinado por la Alcaldía de Medellín y la OEA, que se convirtió en un refugio para sobrevivir a la cadena de venganzas y asesinatos que sobrevino después de que el proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno de Uribe entró en crisis. En febrero de 2008, después de confesar todo lo que sabía ante la Corte Suprema de Justicia y fiscales de Justicia y Paz, Diego Rivera quedó bajo la protección de la DEA e incluso se fue a vivir a Estados Unidos.
Desde el exterior fue protagonista de otro escandaloso episodio en 2011, cuando denunció que Ramón Ballesteros, abogado de los excongresistas Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño, lo habían citado varias veces en Nueva York para ofrecerle US$100 mil a cambio de que declarara en favor de los dos políticos. Esta confesión, acompañada de grabaciones sobre su encuentro con el abogado Ballesteros, propició que éste fuera detenido en plena Corte Suprema. Al parecer, la idea era que también ayudara a tumbar los procesos de la parapolítica.
Después de estos episodios, alias Diego Rivera siguió viviendo en Estados Unidos, pero hace algunas semanas, con el seudónimo de Víctor y el argumento de que quería volver a Colombia, se instaló en la vereda San Ignacio, a unas dos hora de Bucaramanga. Supuestamente, de su regreso muy pocas personas conocían. Sin embargo, el hombre que conocía más secretos de Macaco, Julián Bolívar, Pablo Sevillano o Ernesto Báez, entre otros jefes paramilitares, lo asesinó el pasado viernes un simple campesino. La DEA no cree mucho y ha pedido más explicaciones.