A inicios de 1975 la guerrilla de los Montoneros asesinó al reputado abogado Ernesto Piantoni, líder de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización de extrema derecha que después se uniría a la temida Alianza Anticomunista Argentina. Ante su lecho de muerte sus seguidores prometieron vengarlo asesinando cada uno cinco personas de posiciones ideológicas diferentes a las suyas. Fue por este macabro pacto que en marzo de ese año murieron Enrique Elizagaray, Guillermo Videla, Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Alberto Goldemberg. Un mes después serían asesinados Daniel Gasparri y Jorge Stoppani y apenas una semana después moriría Carmen Maggi. Todos ellos eran militantes de izquierda.
El dedo acusador siempre se dirigió hacia el mismo punto, la CNU y sus miembros, entre ellos Gustavo Modesto Demarchi, un reputado abogado que durante los peores años del gobierno de María Estela Martínez de Perón (viuda de Juan Domingo Perón) y la dictadura que sufrió el país austral fungió como fiscal federal —cargo que usó para ayudar a esta organización a torturar, secuestrar y asesinar militantes de izquierda—, conjuez y directivo de la Universidad de Mar del Plata, centro educativo que la CNU manejó con mano de hierro y de la que expulsó a cualquier persona que le oliera a izquierda a esta organización que hizo y deshizo con el fin de aterrorizar a Mar del Plata.
Para muchos, Modesto, de 64 años de edad y excandidato a intendente, era el sucesor de Piantoni y fue un aliado incondicional de los militares y policías que durante el gobierno de Martínez de Perón amedrentaron a organizaciones sindicales, estudiantiles y de oposición y que para 1976 encabezarían el golpe de Estado que sacó a la presidenta del poder e instauró en la Casa Rosada a la dictadura.
Durante un buen tiempo las autoridades argentinas buscaron a Modesto. El abogado estuvo un tiempo en Brasil hasta que el 12 de noviembre de 2010 ingresó a Colombia. Prontamente le solicitó a la justicia de nuestro país que le brindara asilo político, petición que le fue negada en reiteradas ocasiones, hasta que ayer la Corte Suprema de Justicia aprobó su extradición al país austral.
Allí, las autoridades lo procesarán por los cargos de asociación ilícita, homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad, agravada por mediar violencia. Todos estos delitos de lesa humanidad, que a pesar de haber sido cometidos hacia 1975, no han prescrito. Modesto no podrá escapar a que lo investiguen por su tiempo dentro de la CNU y por el pacto que firmó para vengar una muerte y que cobró la vida de ocho inocentes.