Fue el agente especial de la DEA Alberico Crespo, adscrito a la división de campo de Miami en Weston (Florida), en coordinación con un grupo élite del DAS, el investigador que articuló durante dos años el expediente que tiene en el pasillo de la extradición al ex fiscal especializado Ramiro Anturi Larrahondo y otros nueve señalados narcotraficantes. Desde la cárcel de Cómbita (Boyacá), el ex funcionario reitera su inocencia, pero la acusación de una corte federal del distrito de Columbia, de Estados Unidos, lo pone del lado de la mafia.
El Espectador tuvo acceso a las evidencias en poder de la justicia norteamericana que vinculan al curtido ex fiscal Anturi Larrahondo con una organización liderada por Silvio Montaño Vergara y Marlon Valencia Portocarrero que entre diciembre de 2008 y abril de 2009 movilizó nueve toneladas de cocaína desde Colombia a Costa Rica, Hondura y Panamá, cuyo destino final se presume era México y Estados Unidos. Así lo detalla el indictment, la nota verbal del gobierno norteamericano al solicitar las extradiciones y, en particular, la declaración jurada del agente de la DEA Alberico Crespo.
Esta última, de 26 páginas, describe cómo se infiltró a la justicia colombiana con el objetivo de trabar operaciones en contra de la organización y seguir distribuyendo a sus anchas el narcótico al extranjero. Dice Crespo que Marlon Valencia, alias Ketty, inició un soborno continuado al entonces fiscal delegado ante las Fuerzas Militares “con el fin de obtener los detalles de la investigación colombiana y estadounidense”, para entorpecerla a como diera lugar y que a cambio de US$10 mil dólares, Anturi le proporcionó a una fuente confidencial, denominada CS–3, documentos confidenciales de los procesos.
Del indictment se desprende que les entregó a Silvio Montaño y a Ketty papeles sobre agencias estadounidenses que recaudaban información sobre su organización y socios en Centroamérica. “Aunque ese documento se cree que es falso, la información contenida en el mismo parece tener los datos correctos sobre los detalles generales de la investigación del DAS y de la DEA”, reza uno de los extractos del proceso. Alberico Crespo supone que Anturi obtuvo estos datos de un expediente colombiano del que fueron extraídas bases de datos sobre los señalados capos “y después bosquejó un memorando falso del DAS que vendió a la fuente confidencial CS–3”, que actuaba en nombre de esa mafia.
Dicho testigo protegido por la justicia de Estados Unidos, ante la corte federal que procesa a Anturi y sus supuestos colaboradores, confesó que el ex fiscal, nacido en mayo de 1957 en Cali, asesoró al grupo ilegal al aceptar pagos irregulares de US$2.500 “para proteger a la organización narcotraficante”, que no es ni remotamente de bajo perfil. La nota diplomática de la embajada de EE.UU. N° 260, fechada el primero de febrero de 2010, revela una estructura ilícita con conexiones en Panamá, Costa Rica, Honduras y México que, a través de lanchas rápidas desde el Pacífico colombiano, exportaba “toneladas métricas de cocaína” y se confabuló para constituir un cartel cuyas ganancias fueron recogidas en alguna ocasión en Chicago.
Al exponer el caso, el agente de la DEA Alberico Crespo informó que se enteró de que en julio de 2008, durante negociaciones con esta organización para transferir US$45 millones en ganancias del narcotráfico, a un testigo protegido le fue entregado un número telefónico para que llamara a un individuo con el alias de Richard. El informante, rotulado en el expediente con el código CS–1, le proporcionó dicho teléfono a la DEA. Poco después identificaron al sujeto, era Marlon Valencia Portocarrero, alias Ketty. Junto con el DAS, la DEA empezó a seguirle los pasos y uno a uno fueron reconociendo a sus emisarios. Con el radar sobre la banda, las interceptaciones telefónicas arrojaron más pistas y confirmaron cómo funcionaron estas mafias.
Paralelamente fueron decomisadas cuatro lanchas con casi ocho toneladas de droga en aguas internacionales que contenían logotipos alusivos a caricaturas de Piolín y Silvestre, el sello de la organización. La primera cayó el 1° de diciembre de 2008 en Costa Rica con 2.600 kilos y fue hallada cerca del río Tivives. Allí, la DEA encontró la lancha encallada y luego se confirmó que dicho envío era de Ketty y Montaño. Al día siguiente, otra lancha que viajaba detrás de la primera fue reportada a la guardia costera de EE.UU. y ubicada por la Marina de ese país en la costa occidental de Panamá. “Durante la persecución se observó a la tripulación tirar por la borda múltiples pacas de contrabando y aunque la embarcación escapó, se recuperaron 2.100 kilogramos de cocaína.
En los meses siguientes, un agente encubierto de la DEA y el agente confidencial CS–2 se infiltraron a la organización, haciéndose pasar por narcos con sede en Seattle con conexiones para refinar coca en Colombia, Bolivia y Perú. Así pactaron negocios en los que se estipuló el pago de US$1.000 por kilo transportado. Desde Honduras se concretaron los acuerdos y la investigación avanzaba. En un momento se convino que la organización podía exportar desde Barranquilla entre tres y cinco toneladas mensuales. En Panamá también se efectuaron reuniones del testigo protegido y Silvio Montaño. Y el 3 de abril de 2009, el cartel de Ketty le entregó más de US$1 millón al supuesto narco, que en realidad era un agente encubierto.
Las evidencias en contra del ex fiscal Anturi y esta organización no parecen, pues, asuntos menores. Sin embargo, desde que fue detenido el pasado 9 de febrero en Bogotá, el hombre que durante 22 años estuvo del lado de la ley insiste en que nunca saltó de bando, que todo se trata de una retaliación por las investigaciones en las que participó para desarticular las mafias, a las que se dice hoy les colabora, y que tiene sospechas de que se fraguó un montaje porque le colaboró a Carlos Gómez, señalado miembro de la organización de narcotraficantes, para que denunciara que era víctima de una extorsión por $2.000 millones. El delincuente, que siempre dijo pertenecer a una agencia del Estado, le dijo a Gómez que iba a ser pedido en extradición y que si le entregaba el dinero su caso sería ignorado.
El extorsionista resultó ser un taxista, Marlio Arrigui González, y, en efecto, fue detenido por agentes del Gaula, procesado por una fiscalía de Fusagasugá (Cundinamarca) y, durante la audiencia de imputación ante un juez, aceptó los cargos y le pidió perdón a la víctima. Ésta es reseñada por el agente Crespo de la DEA con el alias de Carlitos, un ingeniero químico de origen caldense que terminó metido en las ‘vueltas’ del cartel de Montaño y Ketty. El ex fiscal Anturi relaciona la captura de Arrigui con el DAS y dice que desde que aconsejó a Gómez denunciar la extorsión se le vinculó a la organización y se interceptaron sus celulares.
A través de un derecho de petición, Anturi le solicitó a la Fiscalía que le informara sobre dichas interceptaciones, pero el organismo negó el requerimiento. Para Anturi, este es uno de los tantos síntomas de violación al debido proceso. Añadió que existen declaraciones extraprocesales de los miembros de esa organización, registradas en la Notaría Cuarta de Tunja, en las que refieren que sólo lo conocieron en Cómbita, reiteró que nunca se dejó comprar de la mafia, puso en evidencia que debe hasta lo que no tiene y volvió a arremeter contra el DAS, del que dijo ha hecho “falsos positivos como éste”. Anturi exhibe en su defensa que las conversaciones acreditadas en el proceso fueron editadas.
El indictment emitido por el gran jurado el 15 de mayo de 2009 parece desvirtuar sus argumentos. No obstante, por ahora, en manos de la Corte Suprema y el Gobierno está la suerte de Anturi y los demás señalados capos. El caso ha dado mucho de que hablar, pues es la primera vez en la historia del narcotráfico que Estados Unidos solicita a un fiscal en ejercicio, al que acusa de haberse dejado comprar. El agente de la DEA Alberico Crespo reitera esa versión y aporta pruebas. Anturi Larrahondo, desde el patio 7 de Cómbita, las refuta.
Las ‘tesis ’de Ramiro Anturi
En la edición del pasado 14 de febrero, El Espectador reveló algunas de las grabaciones que reposan en el expediente contra el ex fiscal Ramiro Anturi Larrahondo. En una de ellas, según los investigadores del caso, el ex funcionario dialoga con la suegra de Marlon Valencia y se refieren a “la tesis”. Dicen también los investigadores que en varias interceptaciones quedó en evidencia que Anturi utilizaba el término “tesis” para referirse a los documentos que extraía de la Fiscalía y vendía a los narcotraficantes.
Sin embargo, Anturi afirma que el DAS, para fortalecer el expediente que iba armando en su contra, editó las grabaciones. La defensa del fiscal explica que éste era profesor universitario en Cali y que asesoraba a estudiantes en sus trabajos de grado, de ahí que la expresión “tesis” apareciera recurrentemente en sus conversaciones. Anturi niega haber entregado información privilegiada a algún cartel.
La acusación de EE.UU.
La Corte Federal para el distrito de Columbia selló el expediente contra Anturi y los demás implicados en la operación que la DEA y el DAS bautizaron ‘Sea Clamp’, es decir, que su carácter era de absoluta reserva. En estos documentos se asevera que los señalados narcotraficantes se confabularon para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína en territorio estadounidense. En nota diplomática enviada por la embajada norteamericana al Gobierno colombiano, ésta manifestó que consideraba la solicitud de extradición de Anturi Larrahondo como un asunto de carácter urgente.