“El interés de la Corte es mantenerme preso indefinidamente”: Iván Moreno

¿Cree que ya pagó su condena por los crímenes cometidos durante el carrusel de la contratación en Bogotá?

Estoy pagando por crímenes cometidos por otras personas. El caso de los involucrados en la contratación de Bogotá podría dividirse en cuatro grupos: los condenados que aceptaron su responsabilidad para que les rebajaran sus penas y les perdonaran la devolución de los recursos de los que se apropiaron ilegalmente a cambio de testimonios falsos, los que estuvieron involucrados y no han sido investigados, los investigados y condenados por razones políticas, y los investigados absueltos.

¿Y cuáles son las razones políticas?

Son varias. Hay un hecho cierto, y es que Samuel Moreno, con la votación que lo colocó en la Alcaldía de Bogotá, tenía posibilidad de ser candidato futuro a la Presidencia. Tenía aspiraciones presidenciales claras, en el interior del Polo. Otras personas, como Alejandro Ordóñez lo tenía desde la Procuraduría. Se estableció una alianza. Por un lado, Petro, con aspiraciones a la Alcaldía de Bogotá, y por el otro Ordóñez. Se unieron con los Nule para desarrollar una estrategia que tenía connotación política: destruirnos a cambio de mejorar sus posibilidades.

¿Pero en qué beneficiaba a los Nule esa supuesta alianza?

Un tratamiento generoso por parte de la Procuraduría, como se pudo ver, prácticamente se volvió su aliado. Y, por otro lado, la amistad que tenía Gustavo Petro con los Nule por su cuñado Carlos Gutiérrez, socio de los Nule, con cerca de $30.000 millones invertidos en proyectos de obra suya en Bogotá. Cuando la administración Distrital tomó la decisión de ceder el contrato, los Nule se quedaron sin caja y quedó en evidencia, como lo denunció mi hermano Samuel, que se gastaron indebidamente el anticipo del contrato, que eran cerca de $67.000 millones. Se quedaron sin cómo pagar a los proveedores y se quebraron. La forma de desquitarse fue hacer esa alianza.

¿Con qué pruebas soporta esos señalamientos?

Las mismas declaraciones de Gustavo Petro diciendo que sí tuvo conversaciones con Miguel Nule. Parte de esos acuerdos terminaron en que Julio Gómez (otro de los contratistas) entregó un lote a la esposa de Carlos Gutiérrez como parte de pago. Eso no se ha investigado.

Usted fue condenado en octubre de 2014 a 14 años de prisión por hechos relacionados con los contratos entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Grupo Nule. ¿Cuánto tiempo ha pasado en prisión?

Llevo 10 años privado de la libertad. Pero, para no dejarme libre, la Corte Suprema me ha impuesto otras medidas de aseguramiento con carácter diferido, por hechos que guardan relación y que sucedieron hace más de 10 años. Me han negado la acumulación de los procesos, desconociendo principios universales de derechos humanos, como es el derecho a ser juzgado en tiempo razonable, y a no ser juzgado dos veces por el mismo delito, porque a pesar de estar condenado por los contratos en el IDU tengo otro proceso abierto por esos mismos hechos por delitos como enriquecimiento ilícito.

Al ser aforado no tuvo el derecho de doble conformidad y sería uno de los beneficiarios de la decisión a favor de Andrés Felipe Arias. ¿Solicitará que le otorguen ese derecho?

No es un beneficio. Es el derecho a recurrir ante un tribunal superior o doble instancia el cual está establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Este derecho ya me fue negado y por eso cursa una demanda contra el Estado en la Cidh. La doble conformidad no cumple con los estándares internacionales, porque no garantiza el derecho de apelación ante el superior jerárquico, que para mi caso es la Sala Plena de la Corte Suprema.

Pero por lo que veló la Corte Constitucional fue la doble conformidad. ¿Por qué insistir en un juez superior si no existe máxima instancia más allá de la Corte Suprema de Justicia?

A mí me condenó la Sala Penal de la Corte Suprema. El superior es entonces la Sala Plena de ese mismo tribunal que la componen 23 magistrados, que sería la segunda instancia. Eso es lo que pido, que me juzgue la Sala Plena, como establecen las normas internacionales, y por eso interpuse una demanda ante la Cidh, que creemos se va a pronunciar este año o máximo el próximo.

La Corte afirmó que usted recibió pagos de los Nule a cambio de ayudarlos y favorecerlos en la adjudicación de dos contratos. ¿Bajo qué argumentos insistirá en su inocencia ante la posibilidad de que un nuevo juez revise su condena?

Mi inocencia la probaría con las más de 100 pruebas documentales que demuestran que no es cierto que hubiese intervenido ni favorecido a los Nule en la contratación. También lo demuestra un informe judicial del CTI, en el que peritos contables concluyeron textualmente: “Con base en los documentos obtenidos a la fecha, y las entrevistas realizadas, no se ha logrado establecer que estos recursos hayan llegado a los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas como parte de las comisiones para cada uno de ellos”. Estas pruebas son más que suficientes para que un juez independiente e imparcial me absuelva.

¿Por qué hace reparos a los magistrados que actualmente lo investigan?

El problema es la ausencia de independencia en algunos casos de magistrados que deben su designación a otros. El magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, exmagistrado auxiliar de Leónidas Bustos y Eugenio Fernández, quien me investigó, me privó de la libertad, desconoció todos mis derechos y me acusó en dos procesos. Ahora es quien me va a juzgar en el proceso por supuesto enriquecimiento ilícito. También el magistrado Héctor Alarcón, auxiliar del magistrado Fernando Castro, quien me juzgó y proyectó mi condena. Es claro que no tengo ninguna garantía judicial de imparcialidad e independencia, ni en la investigación ni en el juicio.

Un juzgado de ejecución de pena de Bogotá le dio el beneficio de prisión domiciliaria, pero la Corte hizo efectiva otra medida de aseguramiento bajo el argumento de que podría fugarse y evadir a la justicia. ¿Qué responde?

Es por el proceso de enriquecimiento ilícito por los contratos del IDU, los mismos hechos de mi condena y, según la Constitución, uno no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Tengo otra medida por el caso ambulancia, pero es como si estuvieran en cola. Un juzgado de ejecución me otorgó la prisión domiciliaria en la casa de mis padres porque cumplo con todos los requisitos. ¿Hay 64 mil personas por todo tipo de delitos en prisión domiciliaria y yo soy el único que puede volarse en este momento cuando están cerradas las ciudades, los aeropuertos, cuando no tengo pasaporte vigente? Se le olvida a la Corte que salí en los últimos tres años con permisos de 72 horas sin restricción alguna en más de 32 oportunidades.

A usted lo llamaron a indagatoria en noviembre de 2019 por proceso del caso del contrato de ambulancias. ¿En qué va el proceso?

La ley establece que el plazo máximo para imponer una medida de aseguramiento es de dos años, ya han pasado más de cuatro años y solo hasta ahora la hacen efectiva para negarme el derecho que tengo por ley a la prisión domiciliaria. El presidente de la Sala de Investigación, el magistrado Alarcón, comunicó a la opinión pública, desconociendo la reserva sumarial, la decisión de imponer una nueva medida. Los abogados que he consultado están aterrados que me están aplicando una medida de aseguramiento diferida en el tiempo, sin vencimiento, convirtiendo el tiempo para ser juzgado en irrazonable.

¿Por qué cree que solo hasta 2020 lo vinculan en un proceso en el que desde 2013 ya se han emitido condenas?

Esa es la prueba del desconocimiento al derecho que tiene cualquier ciudadano a ser juzgado en tiempo razonable. El interés de la Corte es mantenerme privado de la libertad indefinidamente. Lamentablemente se volvió costumbre filtrar documentos con reserva, permitir la compra de falsos testigos, incorporar pruebas ilegales, desechar las pruebas a favor de uno y negar las garantías mínimas procesales. Siento que este desconocimiento de derechos no solo desgasta mental y físicamente, sino busca ejercer presión para aceptar delitos no cometidos en medio de la desesperación, angustia y dolor.

En el contrato de ambulancias por $67.000 millones se entregó una coima de más del 9 % de ese valor. Según varios fallos judiciales, se repartió entre usted, su hermano, el exsecretario de Salud Héctor Zambrano, Emilio Tapia, un par de exconcejales y Federico Gaviria. ¿Por qué dice que no recibió ese dinero?

Por las pruebas que reposan en el expediente. Los testimonios son contradictorios. Zambrano dice que fueron $2.700 millones. Gaviria que fueron $2.000 millones. Tapia que fueron $800 millones para la campaña, pero luego dice que no se acuerda de ningún pago. Los contratistas dicen que no les consta nada. No existe un solo pago, transferencia, recibo, cheque o prueba alguna que recibí dinero.

Héctor Zambrano es el principal testigo en su contra. Es él quien dice que le entregó dineros en efectivo. ¿Qué sucedió con ese dinero?

Están todos los bienes que fueron adquiridos por los familiares y amigas de Zambrano durante el tiempo en el cual se suscribió y ejecutó el contrato, y cuyo valor equivale al valor pagado por comisiones. Están todos los certificados de libertad y tradición que lo prueban. Sin embargo, no hay interés de investigar porque fue parte del regalo que le dio la justicia a cambio de su testimonio en contra mía.

¿Cuál fue su relación con Héctor Zambrano?

Lo vi tres o cuatro veces. En el Congreso y en la posesión de mi hermano. Nunca tuve relación de amistad o de ninguna naturaleza con él.

¿Fue Emilio Tapia un hombre cercano a usted y su hermano?

A Tapia me lo presenta su padre en octubre de 2009. Lo vi en unas cinco oportunidades. No tuve relación comercial, personal ni de ninguna naturaleza con él. Inclusive en octubre de 2010 manifesté públicamente que tenía información que Tapia estaba utilizando indebidamente mi nombre. A mi hermano lo conoció en 2017, según su misma declaración ante una diligencia en la Procuraduría.

Foto: LUIS ANGEL

¿Cómo así que conoció a su hermano en 2017 si la justicia lo condenó por ser el emisario de ustedes?

Hay una declaración que dio Tapia ante la Procuraduría en la que dijo que vino a conocerlo ese día. En uno de los juicios de mi hermano, le preguntaron por ese testimonio y respondió que sus abogados le dijeron que respondiera así en ese momento y que lo que dijo no era cierto.

¿Qué tan cercano fue a Federico Gaviria, señalado testigo estrella del carrusel de contratos y el escándalo de Odebrecht?

No conozco al señor Federico Gaviria. Así lo ha manifestado él mismo en todas sus declaraciones.

¿Qué opinión tiene frente a Federico Gaviria, quien a pesar de ser señalado como un testigo que ha faltado a la verdad ha recibido beneficios judiciales?

Es increíble que personas, que se ha probado que son testigos falsos, reciban tantos beneficios. En la sentencia que absuelve a Plinio Olano está probado que mintió. En la sentencia de José Juan Rodríguez está probado que los Nule, Tapia, Sánchez, Gómez y Meléndez mintieron. Eso prueba que son testigos expertos en mentir, que recibieron grandes rebajas de penas y a quienes se les perdonó la devolución de los dineros que se apropiaron ilegalmente a cambio de testimonios falsos.

Emilio Tapia, Héctor Zambrano, Federico Gaviria, exconcejales, exfuncionarios de la Alcaldía de Bogotá y contratistas lo han señalado como la persona que realmente manejó la contratación distrital. Que, sin su aprobación, no se entregaba un contrato. ¿Qué rol cumplió usted durante la administración de Samuel Moreno en la capital del país?

Eso no es cierto. Esos son testimonios falsos comprados con prebendas. Estaba dedicado a mis funciones como senador y no a intervenir en las decisiones de la administración distrital. La administración de Samuel Moreno, como todas en Colombia, realizó unos acuerdos de gobernabilidad. Lo que no tiene lógica es que cuando estos acuerdos son del Gobierno Nacional y se llaman de la “mermelada” sean legales, pero cuando son acuerdos del Distrito sean ilegales. El tratamiento debe ser equitativo. O los acuerdos son legales para todos o son ilegales para todos.

¿Por qué buscó protección del gobierno de Estados Unidos?

Como ciudadano americano he buscado el acompañamiento, veeduría y protección del gobierno de Estados Unidos. Le he presentado las denuncias sobre las violaciones a mis derechos y le he enviado las medidas cautelares que se presentaron ante la CIDH. Le he manifestado mi interés en continuar entregando información a las autoridades de justicia.

¿Qué le respondieron?

Que son respetuosos del ordenamiento jurídico nacional, que no pueden intervenir de manera directa y que van a acompañar el desarrollo de los procesos.

¿Tiene bienes en Estados Unidos?

No tengo propiedades, ni empresas, ni cuentas bancarias. Toda esta información se puede corroborar porque las transacciones de bienes raíces y sociedades en los Estados Unidos son públicas. Así se encuentra probado en la Corte, que ni en Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo poseo bienes. Solo mis padres tienen bienes que adquirieron hace más de 40 años en ese país.

¿Existe algún proceso contra sus bienes, los de su hermano o los de su familia en Estados Unidos?

No existe ningún proceso y han sido investigados exhaustivamente por las autoridades de los Estados Unidos en los últimos 10 años.

¿La Fiscalía inició algún proceso de extinción de dominio contra ustedes?

No porque nosotros no tenemos bienes. Los únicos inmuebles que tenía mi hermano, su apartamento y otro en Santa Marta, los tiene embargados la Contraloría. Han pasado 10 años y no han encontrado giro, cheque o transferencia que diga que nosotros recibimos algún tipo de dinero. Todo ha sido con base a la especulación y falsos testimonios.

Pese a las pruebas y la docena de testimonios en contra suya y de su hermano, usted insiste en su inocencia. Ya se conoce a través de sentencias de la justicia que sí se pagaron coimas y se distribuyeron entre funcionarios, intermediarios, contratistas y ustedes. ¿Por qué nunca aceptó su responsabilidad?

Uno no puede aceptar lo que no ha hecho, así tenga que morir injustamente en una cárcel. El sistema judicial está hecho para los culpables, no para los inocentes. Por eso quienes cometieron los delitos aceptaron su culpa y recibieron todos los beneficios con grandes rebajas de penas y sin tener que devolver un solo peso de lo que se robaron. Si yo hubiese tomado esa ruta ya estaría libre, como ellos. Nosotros somos los únicos que aún seguimos presos. No me arrepiento de haber tomado la ruta de la defensa, del honor, de la dignidad, que se volvió la más difícil de todas por la falta de garantías y los intereses económicos y políticos que existen. Lamentablemente como lo decía el doctor Cancino, no sabemos en qué momento la Justicia de este país se volvió de odios y venganza. Estoy convencido que en Colombia sí hay presos políticos.

Tras 10 años de ocurrido el carrusel de la contratación, en los que se probó que hubo corrupción, ¿cuál es su conclusión?

Que como en muchas administraciones hubo un grupo de contratistas, funcionarios públicos y concejales que abusaron de sus funciones y cometieron actos ilegales. Que se promovió un carrusel de testigos falsos que recibieron rebajas de penas y grandes beneficios económicos. Así se demuestra en todos los documentos e informes. Estas pruebas demuestran cuáles contratistas, funcionarios públicos o exconcejales se quedaron con los dineros de las comisiones. Lo más grave es que estos dineros nunca se van a recuperar para la ciudad, porque se permitió que quienes se apropiaran ilegalmente de los recursos públicos no devolvieran un solo peso a cambio de testimonios que buscaban acabar un proyecto político. Lastimosamente no existe interés en investigar esta realidad.

Desde que iniciaron los procesos en su contra usted nunca dio una entrevista. ¿Por qué lo hace ahora?

Cometí el gran error de guardar la reserva y no hablar en los medios de comunicación. En este país los procesos judiciales se dan en los medios de comunicación. Allí es donde se determina quién es culpable y quién es inocente. Lo cierto es que nunca será tarde para que se conozca la verdad.

¿Cómo han vivido estos años su familia y la familia Moreno Rojas?

Llevo más de 10 años separado de mi familia, de mis hijos menores, de mis padres. El sufrimiento de todos ha sido cruel, despiadado, miserable. Mi salud física y mental se ha deteriorado de manera considerable al ver que se vulneran todos mis derechos. Me mantengo vivo gracias a Dios y a la esperanza de que pueda volver a estar con mi familia y con mis hijos. El Estado colombiano destruyó mi familia, mi futuro, mi vida entera. Mi única esperanza está en la justicia internacional.