Un mes después de que empezara el novelón del caso Sigifredo López, este fin de semana será crucial para definir la suerte de un expediente tan polémico como increíble. No sólo arribarán al país las pruebas del FBI sobre el cotejo de voces para establecer si existe concordancia entre la del exdiputado del Valle y la que aparece en un video hallado en el computador de Alfonso Cano, sino que también los peritos de la Dijín de la Policía rendirán dictámenes acústicos y morfológicos complementarios.
Esas evidencias, contrastadas con las versiones de tres desmovilizados que incriminan a López en el plagio de los asambleístas ocurrido el 11 de abril de 2002, y la indagatoria de nueve horas que rindió el pasado 18 de mayo, serán evaluadas por el fiscal de derechos humanos Paulo César García López al momento de definir la situación jurídica del exdirigente liberal de 48 años. Una decisión que será oficializada el próximo martes 19 de junio. La medida de aseguramiento dependerá de la prueba técnica.
Sigifredo López ha dicho una y otra vez que desconfía de los peritos de la Dijín. En su indagatoria resaltó: “Yo no puedo confiar en nuevos dictámenes periciales hechos por instituciones del Estado. Máxime en una coyuntura como la que estamos viviendo, donde en Colombia cada vez que se habla de un proceso de paz aparecen circunstancias terribles de cacerías de brujas, de bombas y toda una serie de explicaciones que enrarecen cualquier ambiente para lograr soluciones políticas. No puedo permitir convertirme en un chivo expiatorio en una coyuntura donde hay intereses terribles y ocultos”.
Sobre esta base solicitó pruebas científicas de una agencia extranjera para que se realizara un nuevo cotejo de voz. Y al mismo tiempo, a través de su abogado Alfredo Montenegro, aportó el pasado 8 de junio un documento de 11 páginas de la firma Adalid, en la que el ingeniero de sonido Jorge Enrique Castro Calderón señaló que “no se puede concluir que se trata del señor Sigifredo López, toda vez que dentro de las muestras indubitadas frente a las dubitadas la voz podría pertenecer a cualquier persona de la población de referencia seleccionada”.
De acuerdo con el análisis biométrico de voz, al contrastar la voz del exdiputado en la entrevista que le dio a la alianza informativa Caracol Radio, Noticias Caracol y El Espectador a finales de mayo, con el video del PC de Cano, no se encuentran compatibilidades contundentes. Adalid tomó como población de referencia “84 voces de locutores colombianos, varones, de edad adulta, que fueron obtenidas de medios abiertos”. Palabras más, palabras menos, la síntesis del informe técnico pedido por la defensa del exdiputado es que la voz del video del exjefe guerrillero podría pertenecer a cualquiera de esos 84 locutores.
No obstante, según la ley, esta prueba particular no puede ser tenida en cuenta por la Fiscalía. En contraste, el organismo investigador sigue teniendo como evidencias contra López los dictámenes acústico y morfológico elaborados el pasado 11 de mayo por los peritos Judith Valencia Torres y Liliana Andrea Giraldo, y el intendente jefe Juan Carlos Ramírez Ascanio, respectivamente. Y ante la negativa de Sigifredo López de no presentar una nueva prueba de voz en una cabina insonorizada, el fiscal Paulo César García pidió reportes complementarios.
El Espectador conoció una resolución de seis páginas expedida el pasado 12 de junio por el fiscal García, en la que remitió al laboratorio de la Dijín la entrevista concedida por el exdiputado a Caracol Radio, así como la diligencia de toma de muestra grafológica que se le hizo el 23 de mayo último. De igual forma, se enviaron “las fotografías tomadas al sindicado al momento de la reseña efectuada cuando fue privado de la libertad”. Con estos elementos, incluso la voz del propio López durante una intervención en la Asamblea en sus tiempos como asambleísta, la Policía efectuó nuevos informes técnicos.
En el documento de la Fiscalía el fiscal de derechos humanos se mostró extrañado de las contradicciones esbozadas tanto por Sigifredo López como por su defensor Alfredo Montenegro en relación con la toma de nuevos cotejos de voz efectuados por agencias extranjeras. En distintas entrevistas el exdiputado ha resaltado su voluntad de que le tomen cuantas pruebas acústicas sean necesarias para probar su inocencia. Incluso dijo en diálogo con la alianza informativa el 29 de mayo que esa misma tarde podría ir a la Dijín.
Sin embargo, una vez concluido ese encuentro periodístico, cuando la Fiscalía se disponía a “aceptar la entrega de una muestra de voz”, Montenegro dejó constancia de que esa entrevista no podía ser considerada como prueba técnica. “Sorprende al despacho el escrito presentado por el defensor, según el cual la Fiscalía pretende realizar otro cotejo de voz, “esta vez para ser practicado por una entidad española”, como si éste hubiere sido ordenado unilateralmente por la Fiscalía y con total desconocimiento de la defensa, cuando lo cierto es que se procuró acceder a las peticiones del procesado”.
Más allá de esta controversia, este fin de semana los resultados de las pruebas acústicas y morfológicas del FBI y la Policía serán incorporados al expediente. Y se evaluará la evidencia integralmente. Tres desmovilizados acusaron a López de colaborar con las Farc. Uno de ellos aseguró que durante su secuestro vio a López tranquilo entre los municipios de Costa Rica y Pitalito. Otro —un vendedor ambulante— lo señaló supuestamente de “dirigir el operativo” el día del secuestro desde el segundo piso de la Asamblea. Un tercero contó más detalles.
López sigue insistiendo en la teoría del absurdo, de El Proceso de Kafka, reivindicando su inocencia. Pasado mañana se sabrá qué determina la Fiscalía.
“Me golpea que me relacionen con esos asesinos”
El pasado 21 de mayo El Espectador dio a conocer la indagatoria que rindió en la Fiscalía el exdiputado del Valle Sigifredo López. En ella, López, señalado por su presunta colaboración con las Farc en la planeación de su secuestro y el de 11 de sus compañeros que fueron asesinados posteriormente, aseguró: “Me golpea, tanto o más que el secuestro, que hoy se me relacione con esos asesinos, con mis propios torturadores. ¿En qué cabeza cabe eso, por Dios? No puede ser que un ser humano se haga autosecuestrar y se someta a vivir durante siete años a las humillaciones, el riesgo de morir todos los días, a vivir encadenado, tratado peor que un animal, sin la posibilidad de ver crecer a mis hijos, de recibir un abrazo o una caricia de mi mujer, la bendición de mi mamá”. Y agregó: “Es absolutamente inaudito, absurdo, que a una víctima como yo se le pretenda convertir en victimario. Solicito que me digan de qué se me acusa, si yo soy víctima de este espantoso delito”.
La demanda de Sigifredo
El pasado 17 de mayo el Tribunal Administrativo del Valle aceptó estudiar la demanda que interpuso el exdiputado Sigifredo López, el 22 de febrero de 2010, con el fin de que se le repare con $7.845 millones porque, según él, el Estado incurrió en fallas administrativas que habrían permitido su secuestro y el de sus 11 compañeros de la Asamblea del Valle que fueron posteriormente asesinados. El exdiputado, liberado el 5 de febrero de 2009 por las Farc, aseguró en su demanda que la Gobernación del Valle hizo caso omiso a las reiteradas peticiones que se le hicieron para que mejorara su esquema de seguridad y el de sus 11 compañeros, lo que facilitó su plagio. Otros exsecuestrados también han demandado a la Nación por su cautiverio.