Atendiendo la compulsa de copias emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema, la Fiscalía General citó a interrogatorio al exsenador del Polo Democrático Iván Moreno Rojas en el marco de la investigación por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares por las actividades que se adelantaron dentro del denominado ‘carrusel de la contratación’.
El alto tribunal solicitó a la Unidad Nacional Contra el Lavado de Activos para que se investigue y verifique los bienes que fueron adquiridos producto de dineros obtenidos de las actuaciones ilegales dentro de la solicitud de comisiones para la entrega de contratos viales durante la administración de Samuel Moreno Rojas en la capital de la República.
En octubre de 2014, la Corte Suprema de Justicia condenó a Moreno Rojas a 14 años de prisión por los delitos de concusión, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias por su responsabilidad en la contratación de la rehabilitación de la malla vial de Bogotá y por las exigencias indebidas al llamado Grupo Nule para el contrato de la doble calzada Bogotá-Girardot.
Igualmente fue citado a interrogatorio el exasesor jurídico del Grupo Nule, Álvaro Dávila Peña en el desarrollo de una investigación que se adelanta en su contra por la presunta entrega de comisiones a funcionarios públicos “y solicitud de dinero a diferentes contratistas para la entrega de contratos de la malla vial para la misma época en la que se hicieron los contratos con el Grupo Nule y el excontratista Julio Gómez”.
Igualmente sobre las irregularidades en la celebración de convenios contractuales en la Gobernación de Cesar, a funcionarios públicos y contratistas por las falencias en la pavimentación en Valledupar y Sabaneta. “Se lograron establecer pérdidas de dos mil millones de pesos”.
Por estos hechos se le imputarán cargos al entonces secretario de infraestructura y al entonces secretario y supervisor de obras de la ciudad de Valledupar y la Gobernación del Cesar, y varios contratistas de la Unión Temporal Sabaneta.
Además por las falencias en las obras contractuales en Ipiales, se le imputarán cargos al exalcalde Hernán Gustavo Estupiñán Calvache y el exsecretario de planeación de la Alcaldía, Javier de la Carrera Bravo por presuntamente recibir comisiones y apropiarse de los anticipos en la construcción de un centro comercial popular que tuvo un valor cercano a los 2.400 millones de pesos.