El abogado Jorge Anibal Gómez Gallego, quien defiende los intereses del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, presentó fuertes críticas a la acusación presentada contra su cliente por parte de la Fiscalía por el llamado escándalo del carrusel de la contratación.
Según el abogado defensor, todo fue un “montaje” de la Fiscalía el cual tenía como único objetivo dañar la carrera política de Arias Leyva, señalando que “fue una víctima de la corrupción y no autor de esta”.
“La defensa tiene un número bastante considerable de elementos materiales probatorios fuera de testimonios, que son muy suficientes para demostrar que aquí no ha habido ningún delito y que todo esto ha sido un montaje de la Fiscalía simplemente para acabar con la carrera política del doctor Andrés Felipe Arias» precisó el jurista.
Igualmente el abogado Jorge defensor dejó entrever la tranquilidad y confianza que le da el nombramiento de Eduardo Montealegre como nuevo fiscal General.
«Por supuesto que se siente más tranquilo, (…) primero llegó un verdadero jurista un hombre que sabe de esas cosas y sin sesgos políticos, sin ningún interés distinto a que se haga justicia en este caso», aclaró Gómez Gallego.
Sin embargo, para el jurista, el daño contra su cliente ya está hecho, señalando que la Fiscalía bajo la administración de Viviane Morales lo acusó sin pruebas por su presunta participación en la entrega irregular de mulmillinarios subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.
«Garantías que no teníamos anteriormente porque como todo el país se ha dado cuenta, las decisiones que se habían tomado en contra del doctor Andrés Felipe, tenían un sesgo político inocultable», precisó al final de la diligencia judicial en la que le solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que tenga en cuenta 60 pruebas documentales y testimoniales dentro del proceso.
Gallego agregó que para el caso de AIS «lo que puede hacer el nuevo fiscal, el doctor Montealegre, es nada porque el mal ya está hecho», precisando que el único objetivo de la Fiscalía fue acabar con la carrera política de su cliente.
La diligencia judicial fue suspendida para el próximo 13 de abril, fecha en la cual se espera que el alto tribunal defina qué pruebas tiene en cuenta.