Un magistrado de Bogotá definirá si envía o no a la cárcel al suspendido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, el próximo 27 de abril. El funcionario es investigado por supuestamente haber participado en el cartel de la hemofilia. La Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.
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Durante la audiencia, su defensa, representada por el abogado Jaime Granados, manifestó que Besaile no tuvo nada que ver en escándalo, pues, según él, el propio gobernador instauró denuncias sobre irregularidades en el sistema de salud previas a las grabaciones de la DEA que destaparon su presunta participación en el entramado de corrupción.
La defensa, además, aseguró que no es válido que se tilde a su defendido con un solo testigo, ene ste caso el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. «No pudo existir acuerdo criminal entre Lyons y Besaile porque nadie corrobora la versión de Lyons y por el contrario existen varios testigos como Guillermo Pérez Ardila que desmienten tal acusación», aseguró Granados.
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Para la Fiscalía está claro que Besaile fue una pieza clave dentro del cartel de la hemofilia en Córdoba, el cual consistió en realizar pagos de falsos pacientes diagnosticados con esa patología y que generó un detrimento de las arcas de ese departamento. En otras palabras: fue un cartel para que unos cuantos se robaran dinero del sistema de salud.
«Siendo candidato a la Gobernación de Córdoba, (Edwin Besaile) conoció y participó de las acciones ilegales. Recibió aportes de esos dineros para su campaña de manos de (Alejandro) Lyons, quien manifiesta públicamente haber entregado ese dinero», señaló la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos el pasado 6 de febrero. Fue allí en donde el ente investigador solicitó que el suspendido gobernador fuera enviado a la cárcel mientras se desarrolla el proceso en su contra.
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Ademas, dentro de los argumentos, se aceptó el hecho de que efectivamente hubo acciones fraudulentas que desembocaron en el cartel de la hemofilia. Sin embargo se aseguró que en ningún momento la responsabilidad pasó por Besaile, arguyendo que el suspendido gobernador denunció la situación e hizo las actuaciones administrativas correspondientes. «Aquí hubo un engaño hecho por particulares. Además no existieron advertencias previas al momento de hacer el gasto por el cual se investiga las irregularidades», agregó Granados.
Durante la audiencia en la que se aplazó la decisión de si es enviado o no a la cárcel, Granados intervinó durante más de dos horas en defensa de Besaile. Dijo, entre otras cosas, que si bien existía un manejo irregular de los contratos en la gobernación de Córdoba, «quien tenía la función de esa factura era el secretario de salud. Lo que Besaile hizo fue todo lo posible para revertir lo que pasó. Todo el tiempo ha habido una conducta coherente para desmentir de lo que se le acusa».