Argumentando que necesita tiempo para analizar los argumentos presentados tanto por la Fiscalía, Procuraduría y defensa, la juez 59 de garantías aplazó para el próximo lunes 26 de diciembre la diligencia judicial en la que tendrá que decidir si cobija o no con medida de aseguramiento domiciliaria a la exdirectora del CTI Marilú Méndez por el escándalo de Fondelibertad.
En la audiencia imputación de cargos, la Fiscalía señaló que Méndez Rada habría incurrido en los delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento público y peculado por apropiación, ante el hecho de que presionó a la entidad vinculada con el Ministerio de Defensa para que le adjudicara dos contratos por un valor de 160 millones a dos empresas, una de ella propiedad de su ex esposo Luis Isdrobo.
Según el fiscal del caso Marilú Méndez influyó entre los años 2009 y 2010 sobre el entonces director de Fondelibertad Harlan Henao para que contratara servicios para la capacitación de los Gaula en actividades contra el secuestro.
En este sentido, Henao se habría valido de una recomendación enviada por la entonces directora del CTI para que suscribiera de manera irregular un contrato por un valor de 51 millones de pesos de la firma Fares S.A, la cual había sido creada por ella junto a otro fiscal.
Igualmente también se señaló que Méndez Rada habría presionado para que en 2010 se le entregara otro contrato por un valor de 99 millones de pesos a la empresa Isdrobo Limitada, propiedad de su ex esposo Luis Isdrobo.
Este caso tiene un agravante, puesto que para cumplir con el contrato pactado y las tareas allí pactadas, la ex directora del CTI habría llamado a un grupo de 15 agentes que estaban bajo su subordinación para que dictaran los talleres y las conferencias en la capacitación.
Con este fin, falsificó documentos con el fin de trasladar de la ciudad de Cali a Bogotá a dos agentes para que dictaran la capacitación. “Para argumentar estos viajes se presentaron papeles sobre unas operaciones en la capital de la República, lo cual no era cierto”, precisó el fiscal anticorrupción.
Esta actividad produjo un detrimento patrimonial en el CTI y la Fiscalía, pues fueron estos los que pagaron los tiquetes de avión y los viáticos de los agentes. Ante esto el fiscal precisó que Méndez habría incurrido en un peculado por la apropiación de 2 millones 800 mil pesos por la compra de los pasajes, aunque aclaró que este dinero ya fue reintegrado por la exfuncionaria que renunció a su cargo en noviembre de 2010.
La exdirectora del CTI no se allanó a los cargos, y manifestó que durante sus dos años al frente de la Unidad manejó más de 98 mil millones de pesos “y nunca tuve una investigación por irregularidades en la contratación”.
Manifestó además que tiene una hoja de vida sin manchas disciplinarias, agrando que «me parece increíble que se diga que soy un peligro para la sociedad aún cuando hice frente a todas las manifestaciones de criminalidad del Estado, soy madre cabeza de familia ¿cree que voy a exponer a mis hijos por 2 millones 800 mil pesos?, le dijo Méndez ante la juez de garantías.