El sábado 2 de julio de 2001, en la zona de distensión creada para los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc, se firmó un acuerdo humanitario que permitió la libertad de más de 300 soldados y policías, a cambio de la excarcelación de 14 guerrilleros presos en las cárceles del país. “Este es el primer paso hacia la humanización del conflicto”, comentó optimista el primer mandatario y luego vinieron días en que las expectativas de paz llegaron acompañadas por el regreso de los cautivos.
Pero la tragedia apenas empezaba. Las Farc constataron que el ordenamiento jurídico en Colombia era permeable al clamor de las familias con hijos secuestrados y por eso dejó un saldo político pendiente para seguir presionando: los oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía que no fueron liberados. Además, con un gesto de arrogancia en momentos en que la guerrilla amedrentaba a sus anchas, días después Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, exteriorizó su plan inmediato para forzar el canje.
“Hay que tomar gente del Senado, de la Cámara, magistrados y ministros, los que integran los tres poderes, y verán cómo gritan. La idea es liberarlos y liberar a los nuestros”, expresó Jojoy en una concentración pública en La Macarena (Meta). En la práctica, su amenaza ya estaba en marcha. El 8 de agosto de 2000, en la vereda Getsemaní, del municipio de Riosucio (Caldas), ya había sido secuestrado el congresista Óscar Tulio Lizcano y el 4 de diciembre de 2000 el ex ministro Fernando Araújo Perdomo.
Por los mismos días en que muchos hogares celebraban el regreso de sus hijos, el 10 de junio de 2001 fue secuestrado el congresista Luis Eladio Pérez. La racha siguió sin pausa alguna después del alborozo de las liberaciones. El 15 de julio, el ex gobernador del Meta, Alan Jara; el 25 de julio, Gloria Polanco; el 28 de agosto, el representante Orlando Beltrán; el 10 de septiembre, la congresista Consuelo González; el 24 de septiembre, la ex ministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera. Y el plan siguió en marcha.
El proceso de paz agonizaba, pero la guerrilla tenía claro su norte. El 20 de febrero de 2002 fue plagiado el senador Jorge Eduardo Géchem y, de paso, precipitó el fin de las negociaciones. Tres días después, el 23 de febrero, cayeron la candidata presidencial Íngrid Betancourt y su fórmula vicepresidencial Clara Rojas; el 11 de abril fueron secuestrados 12 diputados del Valle y el 21 de abril, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz y ex ministro, Gilberto Echeverry.
Con el secuestro de los contratistas de Estados Unidos, Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, ocurrido en febrero de 2003, las Farc completaron su botín. Pero más temprano que tarde su plan comenzó a fracasar. La primera víctima fue la ex ministra Consuelo Araújo, asesinada días después de su secuestro. Un terrible antecedente que sólo auguraba desgracias. Como se ratificó en mayo de 2003 cuando en un fallido operativo de rescate militar, la guerrilla cometió una masacre en Antioquia.
En respuesta a un intento de rescate de las Fuerzas Militares, el 5 de mayo de 2003 la guerrilla asesinó en Urrao al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y a su consejero de paz, Gilberto Echeverri. 11 militares corrieron la misma suerte. No ganó el Estado, perdió la sociedad y 13 familias, pero la guerrilla empezó a probar el sabor amargo de su desatino. Nunca logró su cometido y el plan de secuestrar políticos para convertirlos en prisioneros de guerra sólo acumuló fracasos y desaciertos.
Todos los intentos políticos de negociación fracasaron, los inamovibles prevalecieron, el ex ministro Fernando Araújo se evadió en diciembre de 2006 y 11 de los 12 diputados del Valle fueron asesinados en junio de 2007. El 10 de enero de 2008, gracias a la mediación de la senadora Piedad Córdoba y el gobierno de Venezuela, salieron libres Clara Rojas y Consuelo González. Previamente, el Gobierno Uribe probó que el hijo de Clara Rojas, el pequeño Emanuel, estaba en un hogar de paso del ICBF.
Un mes después, el 28 de febrero de 2008, fueron liberados sin contraprestación alguna, los congresistas Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Jorge Eduardo Géchem y Orlando Beltrán. El 2 de julio, en la denominada ‘Operación Jaque’, además de 11 integrantes de la Fuerza Pública y los tres contratistas de Estados Unidos, fue rescatada por el Ejército la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt. El pasado 3 de febrero fue liberado Alan Jara y dos días después el diputado del Valle Sigifredo López.
En pocas palabras, el intento de convertir dirigentes políticos secuestrados en prisioneros de guerra y, por extensión, en sujetos de canje, fracasó rotundamente. “Ellos son los que aprueban leyes represivas que lesionan al pueblo y a sus luchadores”, fue la justificación que intentó consolidar el extinto jefe de las Farc, Manuel Marulanda. Pero nadie aceptó su argumento. Ni la comunidad internacional ni las organizaciones sociales aceptaron que su condición de civiles fuera homologada a la de combatientes. Las Farc sólo acumularon derrotas.
El sacrificio de Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverry, 11 militares y 11 diputados sólo ratificó el irrespeto por la vida de la organización extremista. La liberación de ocho de los cautivos únicamente demostró la urgencia de la guerrilla de enmendar sus errores.
Y la fuga de Óscar Lizcano y el rescate de 15 de los plagiados en la ‘Operación Jaque’ concretó la mayor derrota militar y política de las Farc en toda su historia. Es decir, a la guerrilla le salió el tiro por la culata en su intento de convertir civiles en canjeables.
Un craso error sin retroceso. Ni los postulados del Derecho Internacional Humanitario le permitieron a la guerrilla desarrollar su temeraria aventura. El plan del Mono Jojoy fracasó estruendosamente. Y, como si fuera poco, la sociedad civil despertó para demostrar, a través de emblemáticas marchas ciudadanas, su hastío y rechazo a la aberrante conducta del secuestro. Colombia pagó un alto costo en vidas y libertades conculcadas, pero perdió mucho más la guerrilla que acrecentó su desprestigio.
22 militares siguen en su poder y un acuerdo humanitario parece ser la solución más razonable para regresarlos a sus hogares. Pero las Farc ya saben que el peso de su chantaje no es el mismo. Después de casi cinco décadas de guerra, la sociedad colombiana ya despertó de su letargo y la comunidad internacional se quitó la venda que le impedía entender el verdadero rostro de la guerrilla. El secuestro no puede ser un método de reivindicación social o económica. Hoy las Farc están probando que su desprecio por la libertad constituye su ruina.