El libro La vida por la justicia narra historias de doce funcionarios de la Rama Judicial asesinados por hacer su trabajo. Alba Sánchez, viuda de uno de ellos, le contó a El Espectador la tragedia que siguió al asesinato de su esposo. El 29 de enero de 2002, Alba Sánchez viajó a Canadá con tres hijos y un pasaporte que decía que era refugiada. Después de quedarse encerrados dos noches en el aeropuerto internacional de Montreal por culpa de la nieve, tomaron el avión que los llevó hasta su destino, Toronto.
Allí los esperaba una comisión de tres canadienses y dos colombianos, todos pertenecientes a una iglesia menonita que acogía refugiados. “Ellos nos llevaron al lugar donde íbamos a quedarnos. Nosotros muertos de frío, sólo con una chaqueta, ni guantes, ni gorro, ni botas. Entonces llegamos a un edificio cuadrado, un bloque gris. Yo pensé que era una cárcel, pero no: ahí estaba el apartamento donde íbamos a vivir”. Cuando tomó agua, le supo distinto. Recorrió el lugar decorado con sencillez y desempacó las dos maletas donde metió lo que pudo de su vida en Colombia.
Atrás dejaba a Iván Villamizar. “Yo jamás hablaba de él. Primero porque estaba incomunicada, no sabía hablar inglés. Segundo, porque me daba miedo que supieran quién era yo y que me rastrearan”. No le contó a nadie de su esposo, ni mencionó que lo había conocido en 1978 en una residencia en el barrio Chapinero, cuando eran un par de universitarios de Norte de Santander. Nadie supo de su boda, a escondidas de las familias de ambos, ni de los diez años que vivieron en Bogotá antes de irse para Cúcuta para que él trabajara primero como secretario de Hacienda y director de la Lotería de Cúcuta, y luego como defensor del pueblo. Solo su pastor, un caleño llamado Noé Gonzaín, supo que el padre de Sofía, Iván Ernesto e Iván Camilo, había sido asesinado por los paramilitares.
Alba Sánchez dejó el país once meses después de que el 12 de febrero de 2001 mataran a su esposo. Se enteró de lo ocurrido por una llamada anónima. Dejó a Sofía y a Iván Ernesto con unos familiares y llamó a avisarle a su hijo mayor en Bogotá. Acompañada por una vecina recorrió las calles de Cúcuta hacia la Universidad Libre, donde Iván era rector. En el barrio Ceiba II vio gente, una ambulancia, el CTI. Llegó al sitio y vio dos carros chocados contra la camioneta donde se transportaban Villamizar, su escolta y su conductor. A su esposo lo vio tendido en el suelo, con una manta blanca cubriéndolo de la cintura para arriba. Gritó.
Iván Villamizar estaba amenazado desde 1997, cuando desde su cargo como defensor del Pueblo de Norte de Santander fue el primero en alertar sobre el bloque Catatumbo, un grupo de 200 paramilitares que, siguiendo órdenes de Salvatore Mancuso, atravesó el departamento en siete camiones hasta llegar a La Gabarra, un corregimiento sembrado con coca y controlado por el Eln. También fue una de las primeras voces que se atrevieron a decir que los paramilitares entraron al Catatumbo con el apoyo de las Fuerzas Militares y los servicios de inteligencia del Estado.
Las primeras amenazas fueron llamadas al celular de Villamizar y a la casa. Luego, el 8 de septiembre de 1999 llegó la amenaza definitiva: una carta enviada al defensor nacional del Pueblo, José Fernando Castro Caicedo, pidiendo la destitución de Iván Villamizar al considerarlo un colaborador de la guerrilla. Firmaba Carlos Castaño Gil. El defensor nacional ordenó el traslado inmediato del defensor de Norte de Santander y su familia a Bogotá. Se quedaron hasta que en agosto de 2000 a Villamizar le ofrecieron la rectoría de la Universidad Libre de Cúcuta y aceptó.
“Esa fue la calma antes de la tormenta. Él iba a la casa a almorzar y a jugar con su chiquita, a bañarse y a tomar la siesta”, recuerda Alba Sánchez. Los días tranquilos acabaron cuando aceptó la dirección de Fiscalías de la seccional de Norte de Santander. Alba Sánchez no se imaginaba el riesgo que corría su esposo con esa decisión. Solo recuerda que “en el último paseo familiar, él ya había aceptado. En el viaje estuvo pensativo y serio, a pesar de que Iván fue siempre muy juguetón y relajado. Yo creo que él ya sabía algo, pero no me dijo”. De nada sirvió que al regresar Villamizar se retractara por recomendación de un funcionario de alto rango de la Fiscalía. Su asesinato ya había sido ordenado por Carlos Castaño.
Tres días se tardaron en enterrarlo. “ Yo veía las manifestaciones de gente agradeciendo y sentía que estaba viendo una película, que eso no era conmigo. Ya cuando se llega al punto final, que es llevarlo al cementerio, se acaba la película. Volver a la casa en la noche y encontrarla sola me produjo un impacto grande”, cuenta Alba Sánchez. Las amenazas continuaron y la viuda decidió radicarse con sus tres hijos en Bogotá. “En septiembre me encontré con una vecina que me preguntó “¿por qué no me avisó que me había puesto como referencia en una inmobiliaria por la oficina que está alquilando?” “¿Cómo así? –le dije–, yo no estoy arrendando ninguna oficina”. Ahí supe que todavía estaba en peligro. Y así fue como el 29 de enero de 2002 estaba viajando hacia Canadá con mis hijos”.
Como le informaron que pasaría, un año después de su llegada el apoyo económico de la iglesia menonita se detuvo. En ese momento, su hijo mayor ya había regresado a Colombia para terminar su carrera universitaria. “Cuando fui a pedir el subsidio que el gobierno canadiense da a los refugiados, me lo negaron porque estaba recibiendo la pensión de supervivencia de Iván. Así comenzó mi viacrucis en Canadá. Cuando uno se viene, le dicen que aquí todo sobra. Y eso es mentira: aquí todo falta”. Empezó a trabajar en factorías, ensamblando celulares y chips, empacando pollos y panetones. Mientras, su hijo Iván Ernesto crecía sin una idea clara de familia, lo que generó discusiones en el pequeño apartamento. A los dos años de su llegada, esos conflictos y la soledad y el silencio con la que asumió la muerte de Iván, estallaron sobre su cuerpo.
“Yo no dormía, me temblaban las manos, se me empezó a caer el pelo. Me tocaba llorar de noche o cuando mis hijos no estaban. Me hacían exámenes y no encontraban nada. Entonces colapsé: tuve episodios de taquicardia y me llevaron al hospital creyendo que era un infarto. Pero no. Era depresión”, dice. Los antidepresivos la dejaban peor: sentía la cabeza inflada como un globo y el temblor empeoró. Entonces decidió pagar de su bolsillo un tratamiento homeopático que le costó seis millones de pesos. Por primera vez se sintió mejor y empezó a soñar con el regreso a Colombia.
“Yo siempre añoré volver. Yo pensaba “apenas coja la ciudadanía, me voy”. Tomé el juramento de ciudadana en febrero de 2006 y en marzo ya estaba en Colombia”. En 2007 se inscribió en el Registro Único de Víctimas (RUV) y comenzó a buscar que de alguna manera se conmemorara la muerte de su esposo, Iván Villamizar. Sus dos hijos varones regresaron a Canadá: para el mayor, encontrar trabajo allá sería más fácil, y para el menor, esa ya era la cultura que asumía como propia. Alba Sánchez explica que “no me parecía tener a los hermanos separados y en 2010 regresé con la niña”.
El segundo viaje fue más simple, ya tenían experiencia. Dos años después de la segunda llegada a Canadá se unió a un grupo de apoyo para refugiados creado por un psicólogo argentino. “Para mí ha sido muy bueno, porque me he dado cuenta de que no estoy sola y he reconocido lo fuerte que he sido. Yo no he tenido ninguna ayuda de Colombia. No ha habido una reparación, ni se ha movido el caso de Iván. El próximo año se cumplen 15 años de su muerte, y de la oficina de reparación de víctimas me contactaron para conmemorarla. Pero no ha pasado nada”, comenta. Todavía quiere volver. “Son los pequeños detalles los que te hacen añorar”, dice. En su caso, aún extraña el sabor del agua en Colombia.