La entrega de esta persona, según una resolución emitida por el Gobierno Nacional, busca facilitar su colaboración con la justicia por lo que se tomará ese tiempo para que responsa ante las autoridades del país por sus delitos cometidos en Colombia. Aún así, «en cualquier momento», el Gobierno podrá, en uso de sus facultades, proceder a la entrega inmediata del requerido. La decisión está contenida en la Resolución 295 del Ministerio del Interior y de Justicia, fechada el 21 de agosto de 2008.