El Consejo de Estado rechazó los argumentos esgrimidos en la demanda de pérdida de investidura entablaba en contra del representante a la Cámara por el Guaviare, Jaime Alonso Vázquez Bustamante, quien era investigado por su presunta participación en un caso de conflicto de intereses y tráfico de influencias.
El alto tribunal no aceptó los argumentos presentados en la acción jurídica que indicaban que el congresista habrá vulnerado el régimen de conflicto de intereses al presionar al alcalde municipal de San José del Guaviare para que el contrato interadministrativo suscrito con el Instituto Nacional de vías (INVIAS) le fuera adjudicado a un amigo suyo.
Se le acusó además de tráfico de influencias porque supuestamente había ejercido presión indebida para que Invías le asignara a la gobernación el convenio que había sido firmado con la Alcaldía.
El tribunal de lo contencioso administrativo señaló que no se pudo evidenciar “la presión indebida que supuestamente ejerció el demandado para conseguir que el Invías dejara sin efecto el convenio interadministrativo y procediera a adjudicarlo al departamento del Guaviare, como afirma el alcalde”.
En este caso la Procuraduría General había solicitado desestimar la solicitud indicando que no existían pruebas que permitieran inferir la participación del congresista en estos hechos.