La Corte Constitucional es la que decidirá la disputa jurídica entre la Universidad de los Andes y la escritora y docente de esa institución Carolina Sanín, que inició hace dos años a raíz de publicaciones en redes sociales. La pelea la gana por ahora la institución educativa, ya que un juez de segunda instancia revocó el primer fallo que le dio la razón a la demandante. Pero el 17 de abril de 2017, el alto tribunal seleccionó la tutela para revisarla y es el que finalmente tendrá la última palabra. Sanín reclama la violación de derechos fundamentales, porque la institución la despidió, según ella, sin justa causa. (Lea aquí: Con una tutela de 494 páginas, la profesora Carolina Sanín busca regresar a su cargo)
¿Por qué se originó la controversia? A finales del año 2016, circularon en redes sociales memes ofensivos contra varias personas, entre ellas Sanín. El promotor del material fue un grupo en Facebook llamado “Cursos y Chompos Ásperos Reloaded”, conformado por estudiantes de distintas universidades, incluida la de los Andes. El objetivo de la agrupación es burlarse de las minorías sexuales, mujeres y personas de escasos recursos. Uno de los memes, catalogado por organizaciones mujeres como un acto de violencia de género, mostró el rostro de la profesora con un golpe en el ojo. La imagen tenía, además, este mensaje: “Cuando el heteropatriarcado te pone en tu lugar”. (Lea aquí: Corte Constitucional revisará pleito de Carolina Sanín contra U. de los Andes)
Defensores de derechos de las mujeres aseguraron que éste era un típico caso de normalización de la violencia machista. Catalina Ruiz Navarro invitó, en su columna en este diario, a que se repudiara la amenaza categóricamente, en vez de juzgar a la escritora por “provocadora, pues esta es una de las muchas palabras que se usan para justificar la violencia contra las mujeres. Esta no es una discusión sobre libertad de expresión, es una discusión sobre la normalización de la violencia de género”.
En medio de la polémica, Sanín denunció el acoso virtual y criticó que la Universidad de los Andes no se pronunciara contra ese grupo y no la apoyara en su condición de mujer uniandina porque estaba “siendo acosada y amenazada”. La docente también había criticado la administración de la institución, en especial las políticas del rector y el programa Ser Pilo Paga, “por considerarlo paternalista y por considerar que lesiona el derecho de todos a la educación, y que es efectivo en la destrucción de la universidad pública”.
“Por mera codicia, admite cada año más estudiantes, y, con las ganancias de las matrículas, apila cada año un nuevo edificio sobre otro, en la misma área. El hacinamiento en el que se vive en la universidad llega a ser grave. Si cada vez se parece más a una cárcel, ¿por qué nos extraña que cada vez críe a más delincuentes?”, escribió Sanín en Facebook.
En respuesta a estas aseveraciones, el rector de la Universidad de los Andes, Pablo Navas, publicó un comunicado en el que rechazó las acciones de los Chompos y defendió la libertad de expresión y el intercambio de ideas con respeto. Y agregó: “Repudiando los ataques hechos por personas que se esconden en el anonimato de las redes sociales, debo también manifestarme en contra de las expresiones utilizadas por una docente de planta que se ha referido en términos peyorativos hacia la Universidad, nuestros estudiantes y egresados, así como hacia programas como el de Ser Pilo Paga. Dichas desafortunadas expresiones lesionan el nombre que la Universidad ha venido construyendo con el aporte y esfuerzo de cada uno de sus integrantes. Considero que las apreciaciones en referencia no tienen asidero en nuestra realidad, no reflejan los valores uniandinos, y no son representativas de la comunidad de profesores y estudiantes que tanto nos enorgullece”.
Días después, la institución despidió a la profesora de literatura por “lastimar el nombre de la universidad, afectar la convivencia en la universidad y dar mal ejemplo a los estudiantes”. En enero de 2017, Sanín interpuso una tutela alegando que el despido fue injustificado y que la universidad violó sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la no discriminación.
En primera instancia, un juez le dio la razón a la docente. Ordenó a la Universidad de los Andes a reintegrar a Sanín y pagarle los salarios y las prestaciones que había dejado de devengar. Así mismo, le exigió a la institución adelantar una campaña contra las manifestaciones de odio, racismo, discriminación y matoneo. Sin embargo, la universidad apeló el fallo y ganó en segunda instancia. El caso pasó entonces a la Corte Constitucional, donde fue seleccionado para revisión el 17 de abril de 2017.
Los magistrados encargados de hacer la revisión son Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo. Sin embargo, hace dos semanas, después de que la magistrada ponente registrara el proyecto de fallo, Linares manifestó que estaba impedido y no podría participar de este caso. El magistrado es muy cercano a una de las partes en el proceso: la Universidad de los Andes, de la que es egresado de la Facultad de Derecho. Además, el rector Navas es amigo suyo. A finales del año pasado fue invitado a dar un discurso en la ceremonia de graduación de pregrado en la institución.
Ahora, de acuerdo con el reglamento de la Corte Constitucional, los otros dos magistrados de la sala de revisión deberán decidir si Linares está o no impedido para estudiar el proceso. De ser así, se tendrá que nombrar a un conjuez para que lo reemplace. Mientras tanto, en el expediente constan intervenciones de organizaciones como la Fundación Karisma, que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital: «No hay que olvidar que esa sociedad está enraizada en el patriarcado, ese sistema que nos considera inferiores y a merced de los deseos de los hombres. Es por eso que el caso de Sanín no podemos verlo desde el lente del la libertad de expresión, porque las cifras de la violencia machista en el país son más que suficiente evidencia para pensar que la interpretación a esas imágenes y expresiones estén más cercana a un acto de violencia que al humor negro que alegaron los Chompos.».
Por su parte, Women’s Link Worldwide agregó que «la libertad de expresión y pensamiento es un derecho fundamental (…) y cumple un rol trascendental para el desarrollo del debate público (…) Adicionalmente, la interpretación de este derecho debe ineludiblemente incorporar un enfoque de género, con el objetivo de proteger y prevenir la discriminación que se intensifica hacia las mujeres cuando ejercen o intentan ejercer su derecho a la libertad de expresión».
El caso de Sanín recuerda el de la profesor Mónica Godoy, a quien la semana pasada la Corte Constitucional le dio la razón en una histórica sentencia. La profesora de la Universidad de Ibagué fue despedida, luego de denunciar que varias mujeres vinculadas a la institución eran víctimas de acoso. La mujer interpuso una tutela, que fue negada en las dos instancias, pero se concedió llegar a revisión al alto tribunal. Los magistrados ordenaron el reintegro laboral de la docente y le pidieron al Ministerio de Educación que formule un plan para atender a las mujeres que denuncian casos de acoso laboral o sexual dentro de los planteles educativos.