A las 10:00 de la mañana del viernes, 11 de junio, el Juez 26 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá definirá si acepta o no la petición de los defensores del ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, Uiaf, Mario Aranguren y del ex subdirector Operativo, Eduardo Daza, de concederles el beneficio de la detención domiciliaria.
Los imputados son sospechosos de haber hecho parte de la empresa criminal destinada a promover seguimientos irregulares contra magistrados y líderes opositores que se fraguaron desde algunos organismos de inteligencia bajo la tutela del Gobierno, según la investigación adelantada por la Fiscalía.
La defensa acudió al recurso, luego de que la Juez 52 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá determinara enviar a prisión a los imputados, presuntos responsables de los cargos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de autoridad.
Para el fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema, Misael Rodríguez, es claro que el haber iniciado esta persecución buscaba, a como diera lugar, que los magistrados de la Corte fueran vinculados con actividades ilícitas, pues fueron blanco de investigaciones que no contaban con sustento probatorio y que estuvieron sustentadas incluso en información de prensa sin ninguna validez jurídica.
Según los datos obtenidos por el Fiscal del caso, fue la Presidencia la que impartió las órdenes para filtrar a algunos periodistas la información obtenida en los seguimientos, pese a su escaso valor probatorio; de ahí los artículos de prensa en los que se dio cuenta del supuesto vínculo existente entre el ex presidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez y Ascencio Reyes, sindicado de mantener vínculos con el italiano Girogio Sale, acusado de narcotráfico.