Durante años las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó han sufrido con la presencia de paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros dentro de su territorio. Ahora que la población lucha por recuperar lo que por ley les pertenece, criminales victimizan a quienes lideran la restitución de tierras.
Uno de los líderes, Manuel Ruiz, fue secuestrado el pasado viernes junto a su hijo, Samir, y hoy funcionarios de la Defensoría encontraron sus cuerpos. La Comisión Interclesial de Justicia y Paz, una de las organizaciones defensora de los derechos de los campesinos de esta región se mostró preocupada por este hecho. El Espectador entrevistó a uno de sus representantes.
¿Qué opinión les merece la muerte de Manuel Ruiz?
Es preocupante lo que está sucediendo, que los líderes por la restitución de tierras estén siendo asesinados, y eso que hay que recordar que el proceso de Jiguamiandó y Curvaradó no tiene que ver con la Ley de Víctimas sino que es producto de decisiones de la Corte Constitucional, lo que hace que uno se pregunte: ¿si esto nos está pasando a nosotros, qué le ocurrirá a los demás procesos?
¿Son pesimistas respecto a la restitución de tierras?
No, pero de seguir así, no va a haber restitución de tierras. Mientras no se desmonten las estructuras paramilitares y se construyen esquemas de protección para las comunidades no va a haber restitución. Es terrible, hay otro derecho, otra institucionalidad, aquí en Urabá son otros los que mandan, no el Estado.
¿El paramilitarismo en Urabá sigue vivo?
Lo que nosotros hemos descubierto es que los paramilitares siguen igual que antes sólo que con diferentes nombres. Le pongo un ejemplo: a una de las personas que amenazó a Manuel, alias ‘Cucho’, lo hemos denunciado desde hace ocho años. Primero fue de las ACCU, luego del Elmer Cárdenas. Ahora, a veces es de Los Urabeños, a veces de Los Rastrojos, a veces de Las Águilas Negras. El nombre cambia, las estructuras permanecen internas. Esto se le ha informado al Ministerio del Interior, pero es poco o nada lo que ha respondido.
¿Manuel iba a enseñarles a funcionarios del gobierno unos predios que se apropiaron ilegalmente los paramilitares?
Sí, iba a guiarlos por la zona de Los Pisingos donde empresarios han promovido invasiones ilegales con el fin de torpedear el proceso de restitución.
¿Respecto a los esquemas de seguridad, que les ha dicho el gobierno?
De eso no hemos sabido nada. Aquí hay 37 líderes amenazados y ninguno tiene esquemas de protección. Además, por orden de la Corte Constitucional nosotros requerimos de medidas particulares. Así lo recordó el Auto 045 del pasado 7 de marzo. Pero de eso no hemos sabido nada lo que nosotros queremos es que se nos proteja y que se hagan esquemas concertados con la misma comunidad. Es que no se nos puede olvidar que producto del asesinato de Manuel, 27 de sus familiares tuvieron que salir de la zona. Acá no hay solo homicidios, también desplazamiento.