Pasaron cinco años para que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia volviera a abrir investigación y llamara a indagatoria al polémico ex director nacional de Fiscalías, Carlos Hernando Arias Pineda, por haber presionado supuestamente a una fiscal para que precluyera una investigación en la que el Estado perdió más de $500 millones en el año 2001.
Los hechos que motivaron las indagaciones se remontan a 1999. En ese año la Compañía Central de Seguros expidió una póliza con el objetivo de cubrir enfermedades de alto costo del régimen subsidiado a los reclusos del Inpec entre diciembre de 1998 y mayo de 1999. Pero en la sociedad Maalula Ltda., encargada de recaudar el dinero y consignarlo en una cuenta a nombre de la aseguradora, fue adulterada la póliza, que se prolongó por seis meses más.
Esa actuación irregular hizo que el Inpec realizara dos pagos por $513 millones cada uno, que fueron recaudados por Maalula. Sin embargo, sólo debía haber hecho el primero de los desembolsos. La aseguradora se percató del engaño y denunció el caso, que dio origen al proceso N° 465.217, contra Martha Cecilia Rodríguez Barguil, gerente de la compañía Maalula Ltda. y otros dos empleados de esa empresa, por los delitos de falsedad en documento privado y estafa.
La fiscal Teresita Barrera Madera asumió la investigación en agosto de 2001. Después de analizar las evidencias consideró que había méritos suficientes para responsabilizar penalmente a los implicados. No obstante, la funcionaria periódicamente era interrogada por el ex director de Fiscalías, Carlos Hernando Arias, sobre los avances en el expediente y en especial le sugería que lo estudiara mejor para ver si cambiaba de opinión. Pero ella siguió adelante.
A finales de 2002 su jefe y coordinador de la unidad, David de Jesús Rincón, le contó que el doctor Arias tenía interés en que la investigación fuera cerrada. De hecho, Arias convocó un irregular encuentro entre la procesada, Martha Cecilia Rodríguez, y la fiscal Barrera. Según trascendió después, Rodríguez llevó a la cita una cartera repleta de dinero que indignó a la funcionaria y la hizo retirarse del lugar.
A principios de 2003, cuando Barrera estaba a punto de tomar decisiones en este caso, salió a vacaciones y cuando regresó encontró que el coordinador de la unidad había precluido la investigación. Y no fue todo. Poco después fue declarada insubsistente. Durante años Barrera ha venido denunciando este caso y la Fiscalía empieza a darle la razón. El pasado 9 de marzo fue llamado a indagatoria el fiscal Arias porque, en resumidas cuentas, presionó a una subalterna para favorecer a una empresaria investigada por un millonario desfalco al Estado.