Cinco horas le tomó ayer al juez 40 penal de conocimiento, Alexánder Díaz, escuchar la larga lista de argumentos de las víctimas en el proceso en contra del empresario Héctor Julio Gómez González, quienes se oponen al preacuerdo que el otrora contratista estrella del Distrito quiere hacer con la Fiscalía. Todas las partes que se declararon perjudicadas en el caso —Contraloría General y Distrital, Veeduría Distrital, Procuraduría e Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)— pidieron a la autoridad no avalar el convenio mediante el cual Gómez podría obtener una rebaja en su pena de hasta el 50%. El juez Díaz aplazó su decisión para el próximo 24 de febrero.
¿Las razones de las víctimas? Ayer en la audiencia en los juzgados del complejo judicial de Paloquemao el representante de la Contraloría Distrital expuso el duro argumento de que aprobar el preacuerdo de Julio Gómez sería “un desprestigio para la administración de justicia”.
Julio Gómez es uno de los protagonistas del proceso en el llamado cartel de la contratación en el Distrito. Fue socio de los condenados primos Nule para la construcción de la malla vial y, según la Contraloría Distrital, quiere hacer un convenio con la justicia que podría estar violando “preceptos legales y constitucionales”.
“Estamos frente a delitos de cuello blanco, cometidos por gente que roba recursos de la salud, de la educación. ¡Aquí las víctimas somos todos! Si se avala este preacuerdo, se podría ver amenazada la administración de justicia y mandaríamos el mensaje a la sociedad de que ser delincuente vale la pena”, dijo la Contraloría Distrital, a través de un representante.
Héctor Julio Gómez González aceptó a la Fiscalía los delitos de peculado, interés indebido en la contratación y concierto para delinquir y, con el ente acusador, definió un preacuerdo que entre otros beneficios le podría generar una disminución de su condena a cambio de convertirse en testigo en el proceso.
Sin embargo, las partes víctimas se oponen al mismo, además, por considerar que es “impresentable” que el procesado haya devuelto apenas alrededor del 50% de los dineros que tendría que haberle regresado al IDU, como lo dijo en la audiencia el abogado Camilo Sampedro, de ese instituto.
“El IDU se pregunta si esto se trata de un preacuerdo o de la aceptación de cargos, porque son figuras jurídicas distintas cuya unión es intolerable y lo que haría sería eliminar de un tajo el delito del cohecho y algunos agravantes”, agregó Sampedro.
La Veeduría Distrital, por su parte, y en el mismo sentido del IDU, dijo que en el convenio con la Fiscalía hubo omisión de algunas conductas y circunstancias. En concepto de la Contraloría Distrital, a Julio Gómez habrían tenido que aplicarle medida de aseguramiento.
El fiscal José Ricardo González entregó todo el acervo probatorio que soporta el preacuerdo y el juez dará su respuesta a fines de este mes. Al final de la audiencia, la defensa del cuestionado empresario insistió en que éste no se apropió de ningún anticipo y dejó todas sus obras terminadas.