Después de ver cómo la guerrilla había asesinado a tres mujeres en su humilde escuela, los niños se arrojaron sobre su maestra para no perderla también. No le llegaban a la cintura. Cerraron los ojos, apretaron sus abrazos y se orinaron del miedo. Uno de los agresores se acercó y rozó los senos de la joven awá con un cuchillo mientras le contaba a carcajadas cómo había dado muerte a sus compañeras. Luego se fue. Así ocurrió el pasado octubre, cuando el frente Mariscal Sucre de las Farc mató a cuatro profesores del pueblo Awá en el resguardo El Sande, en Nariño. Los acusaron de recibir capacitación en el Ejército.
Luego, ese mismo grupo admitió que había sido el responsable de la masacre en el Resguardo Tortugaña-Telembí, pasada por cuchillo el 4 de febrero, en la que perecieron ocho awás desarmados. Los líderes del pueblo contaron 17. Entre las víctimas se hallaron dos mujeres en avanzado estado de embarazo con el abdomen abierto. Sus hijos habían sido arrojados al río.
El escenario en el que viven no es fácil, pues hay fuego cruzado entre varios actores armados que se enfrentan a muerte por territorio, por droga o por lo que sea. Se identifican delincuencia común, Eln, Farc, ‘Los Rastrojos’ y Ejército.
Después vino la tragedia que elevó a 38 el número de awás asesinados este año. El miércoles 26 de agosto, a las 6:00 a.m., llegaron a la casa de Tulia Guanga, en la vereda El Gran Rosario, alrededor de 10 hombres vestidos de camuflado y con el rostro cubierto. Sólo se veían sus ojos y la claridad de su piel. Algunos se quedaron afuera vigilando. “¿Dónde está el dinero?”, fue el recio saludo, según recordó uno de los sobrevivientes. Reunieron a las personas en la sala mientras revolcaban todo en busca de algo. No se sabe si lo encontraron, los testigos escaparon a tiempo antes de que los asesinos arremetieran contra la familia con tiros de gracia. Cinco adultos y siete menores de edad perecieron ese día. El acto fue tan barbárico que hasta la más pequeña de las víctimas, un menor de seis meses de nacido, recibió dos disparos en su rostro con una pistola nueve milímetros de corto alcance.
La familia de Tulia recién se había alojado en su casa mientras su duelo se ahogaba y la justicia le aclaraba en qué circunstancias fue que su esposo, Gonzalo Rodríguez, había muerto a manos del Ejército. Aún no se ha esclarecido si González fue víctima del fenómeno de “falsos positivos” o si, como justificó el Ejército, colaboraba con las Farc reclutando jóvenes por medio de amenazas. Este caso sigue siendo investigado, pues algunos líderes awás insisten en que la masacre del 26 de agosto pudo haber sido una retaliación después de las denuncias de Tulia Guanga ante el CTI, contradiciendo la versión de la Fuerza Pública.
El Espectador conoció un informe del CTI de la Fiscalía en el que se especifica que al lado de la edificación donde ocurrió la barbarie había “una hectárea cultivada con plantas de hoja de coca, las cuales presentaban señales de haber sido cosechadas y en pleno procesamiento en un laboratorio artesanal ubicado a 250 metros de este inmueble”.
Sobre los presuntos victimarios, el CTI evalúa en primer lugar la autoría de una banda delicuencial conocida como ‘Los Cucarachos’, cuyas acciones se han reportado en el corregimiento de La Guayana (Tumaco). De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía, ya se tienen identificados a tres de los supuestos responsables: Miguel Guasalusán Guanga, Daniel Guasalusán Rodríguez y Fredy Cortez García. Estas acusaciones ratifican que la reciente captura de Miguel Pai, awá miembro de la banda ‘Los Rastrojos’, quien había sido vinculado por aquel entonces con la matanza de Gran Rosario, se debió a órdenes por otros delitos.
El temor sigue acechando la zona. Según denunció Gabriel Bisbicus, líder de la Unipa (Unidad Nacional Indígena del Pueblo Awá), tras la muerte de los 12 nativos de la etnia Awá, por lo menos 200 indígenas de Nariño han sido amenazados y 147 ya se han desplazado hacia las comunidades vecinas por el asedio constante de la muerte.
El miércoles pasado, el presidente Álvaro Uribe y el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se reunieron con los líderes de las tres comunidades que conforman este pueblo indígena en Nariño y parte del Putumayo (Unipa, Kamawari y Aciap). También asistieron el ICBF y la Unicef, desde ahora encargados de los cuatro menores sobrevivientes de la matanza. La protección de los testigos fue la petición más urgente.
Los 12 últimos ataúdes que tuvieron que alzar los awás son tan sólo la parte visible de un témpano de nieve que esconde múltiples amenazas. La guerra, el narcotráfico y el abandono estatal están acabando con un pueblo cuya identidad cultural, basada en la conservación del medio ambiente y la relación sagrada del hombre con la naturaleza, se diluye con cada gota de sangre.
Compromisos del gobierno
Después del encuentro con los awás, el presidente Uribe ordenó que las investigaciones las manejara la justicia ordinaria y no la penal militar como se ha hecho. Además, se comprometió a redactar un decreto para la creación de una mesa de concertación en la que líderes y representantes awá, Acción Social, Procuraduría y Fiscalía se congregarían, unas cuatro veces al año, para atender de forma oportuna las crisis de emergencia humanitaria del pueblo, fijar medidas de prevención e implementar un plan de salvaguarda étnica.
Las problemáticas de los awás
El pueblo awá, conformado por 20.000 personas, vive en la pobreza, sobre minas antipersona y en medio de fuego cruzado de diferentes grupos armados. Además, en el último año, según Eder Burgos (líder awá), han muerto cinco menores por diarrea, a causa de la falta de tratamiento del agua. No suficiente, ya casi no quedan escuelas. Los profesores son amenazados o los salones de clase son despedazados por bombardeos. Hay cerca de 1.800 personas analfabetas. “Necesitamos que haya inversión social y educación”, concluye Burgos.
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