Después de 32 años, los restos de Alfonso Jacquin Gutiérrez, integrante del M19 que hizo parte de la toma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, fueron entregados a sus familiares. La entrega estuvo acompañada de un acto de conmemoración en la Corporación Colombiana de Teatro, luego que Medicina Legal revelara el informe técnico científico sobre su muerte. Jacquin Gutiérrez, al igual que los restos la exguerrillera Noralba García Trujillo, fueron encontrados en la tumba de Libardo Durán, escolta y conductor personal del presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía.
El anuncio lo hizo la Fiscalía a principios de marzo de este año, lo que comprobó, una vez más, las irregularidades que se presentaron en la entrega de restos después de la toma y retoma del Palacio de Justicia. A su vez, el ente investigador detalló por esos días que los restos del conductor fueron hallados en los despojos exhumados en 1998 en el Cementerio del Sur de Bogotá. Estos hallazgos se han venido realizando desde hace tres años cuando, por primera vez, la Fiscalía señaló que había personas que habían sido enterradas hace 32 años en lugares completamente equivocados.
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El exguerrillero será recordado por ser parte del grupo que comandó el operativo de la toma, junto a Andrés Almarales y Luis Otero Cifuentes. De hecho fue por la radio que casa de la familia Jacquin advirtió que adentro del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, estaba Alfonso Jacquin. Segundo hijo de Delva Gutiérrez y Alfonso Jacquin, ese día entró al Palacio como guerrillero del M-19, con la instrucción de tomarse el edifico como segundo al mando de la toma. Cuando la Fuerza Pública impuso su contraofensiva, nunca más se supo de su paradero.
Según su familia, Pompo, como le decían en casa, salió vivo del Palacio y por eso, con la ilusión de encontrarlo, emprendió una larga lucha no sólo contra la negligencia estatal, sino también contra el estigma de ser familia de guerrillero. Hace cuatro meses que se hallaron sus restos y hace apenas unos días, como reveló El Espectador, a la familia le dijeron que, pese a la espera de 32 años sin saber nada, en términos estrictamente jurídicos, Alfonso Jacquin nunca estuvo en condición de desaparecido.
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Para el abogado de la familia, Eduardo Carreño, la situación es inexplicable. “Según declaraciones del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, de la Brigada 13 del Ejército y jefe de Inteligencia, él vio a unos cinco o seis guerrilleros heridos. Pero en este caso, como en otros, esos cuerpos fueron levantados en el cuarto piso del Palacio, según las actas de Medicina Legal, incinerados. Si estaba herido en el primer piso, ¿cómo aparece incinerado en el cuarto?”, pregunta el abogado, quien tampoco entiende por qué la Fiscalía no muestra los resultados de la investigación sobre los guerrilleros que aparecieron calcinados dentro del Palacio de Justicia.
Oriundo de Santa Marta, Jacquin se graduó como abogado constitucionalista de la Universidad del Atlántico. Fue catedrático en la Universidad Libre de Barranquilla y activista político. “Nosotros nunca hemos sido del M-19”, dijo una de sus familiares a este diario. Esta mujer prefiere ocultar su nombre porque, según ella, les ha tocado vivir un estigma por la vida de Alfonso Jacquin y sólo hasta ahora han tenido tranquilidad. “Ya he podido hacer catarsis y regañar a mi hermano”, dice mirando al techo y revoloteando su mano con firmeza. También les ha pedido perdón, por los actos de su hermano, a los familiares de los desaparecidos de la cafetería del Palacio, entre el miércoles 6 y el jueves 7 de noviembre de 1985.
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“Nuestra lucha es un tema de dignidad, porque murió un hermano, un profesor, y es doloroso no saber qué pasó”, recalcó la familiar, quien recuerda a su hermano como el segundo de ocho hijos, nacidos en dos matrimonios. “Mi papá lo crió para que fuera senador. Prestó servicio militar, fue abogado, constitucionalista, contratista de la OIT, defensor de derechos humanos. Después el M-19 lo cooptó para su movimiento”, relata su hermana. “Sabíamos que era un intelectual y que estaba contra las injusticias (…) pero él sabía dividir su vida clandestina de la familiar”.
Desde hace dos años, la Fiscalía y Medicina Legal han dado noticias de que personas que estuvieron desaparecidas durante tres décadas, como Cristina del Pilar Guarín y Héctor Jaime Beltrán, habían sido enterradas en tumbas de víctimas que sí fueron entregadas a sus familiares. Beltrán, por ejemplo, apareció en la tumba del magistrado auxiliar Emiro Sandoval y, a su vez, sus restos siguen desaparecidos. El caos se repite en más casos que únicamente muestran el desorden que se vivió en Medicina Legal a la hora de entregar los cuerpos en 1985. La Fiscalía, hasta ahora, está tratando de remediar los errores. Pero sobre los guerrilleros del M-19, por ahora, la historia muestra que prevalecen las preguntas sin respuesta.
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