El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado manifestó que desde 2013 varios organismos de control advirtieron las irregularidades que se estaban presentado en la celebración de contratos para la entrega de alimentos y medicamentos a los menores de edad en La Guajira.
“Este problema es viejo, este problema no es de hace un mes, de hace 15 días”, indicó Ordóñez al señalar que la Procuraduría y la Contraloría habían presentado diversos informes en los que se indicaban las fallas en el programa de alimentación escolar y hasta el momento no se han tomado las medidas.
“Es inadmisible que cualquier niño colombiano muera de hambre y por la omisión e ineficiencia del Estado, mientras uno observa que hay ríos de dinero para otras actividades públicas”, precisó el Procurador, quien calificó esta situación como un “homicidio inadmisible”.
Se han adelantado investigaciones que han terminado con sanciones disciplinarias en contra de integrantes de organismos estatales, como el ICBF y territoriales. “Los temas de la alimentación escolar son muy dramáticos y se vienen presentando desde 2012”.
Debido a esto se adelantará una audiencia pública en Riohacha para tratar los temas relacionados con esta problemática con las autoridades departamentales, locales y nacionales.