A casi una semana de las elecciones presidenciales, los líos jurídicos que envuelven a distintas campañas se han tomado la primera plana de la opinión pública dejando a un lado las propuestas y objetivos de los distintos candidatos. Por un lado la captura de Andrés Sepúlveda, el denominado hacker que quería sabotear las negociaciones de Paz, ha sido el lunar para las pretensiones de Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático, ya que varios de sus alfiles —como el exviceministro de Justicia Rafael Guarín y Luis Alfonso Hoyos— se han visto salpicados en una serie de señalamientos. En la otra esquina está el escándalo que desató el expresidente Álvaro Uribe, no sólo al denunciar que en la campaña de Juan Manuel Santos en 2010 supuestamente ingresaron US$2 millones de la mafia y en el que resultó como protagonista J. J. Rendón, sino además, por su enfrentamiento contra la Fiscalía.
El Tiempo reveló que el hacker, Andrés Sepúlveda, había manifestado a las autoridades que en varias oportunidades se había reunido con policías y militares para vender información sobre supuestas interceptaciones a correos guerrilleros. Asimismo, Sepúlveda señaló que conoció gente de la polémica sala de inteligencia del Ejército Andrómeda y que ahí había comprado datos para luego revenderlos a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) “por un precio superior para que hubiera ganancia”. Pero la más reciente revelación es que el exviceministro de Defensa a inicios del gobierno Santos, Rafael Guarín, habría contactado al hacker con la Policía de Bogotá (Mebog).
Según ha dicho Guarín, todo arrancó cuando la esposa de Sepúlveda, la actriz Lina Luna Rodríguez, lo contactó. La idea era que el hacker vendiera una aplicación de celular que permitiría que la ciudadanía estuviera en contacto con el cuadrante más cercano. El negocio no se concretó y Guarín agregó que tiempo después le envió al entonces comandante de la Mebog, general Luis Eduardo Martínez, correos en los que le decía que Sepúlveda era un “gran timador”. Asimismo, el exviceministro negó que él hubiera contactado a la familia de Sepúlveda con la campaña de Óscar Iván.
Según se pudo establecer, Sepúlveda también visitó otras dependencias de la Policía con el fin de vender información. Al parecer, a la dirección general habría entrado en tres oportunidades, mientras que a la DNI dos veces. Jamás se llegó a realizar un contrato ya que para las autoridades la información no era confiable. Para hoy, Lina Luna está citada, junto al hermano del hacker, Luis Carlos Sepúlveda a entrevista en el búnker de la Fiscalía. Fuentes cercanas al proceso manifestaron que al parecer no irán ya que al ser familiares cercanos del procesado pueden abstenerse de declarar. Igualmente, el miércoles de la próxima semana, el exasesor ‘espiritual’ de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, también asistirá a una diligencia para explicar cuáles eran sus nexos con Sepúlveda, a quien acompañó hasta Noticias RCN para vender información de las Farc.
Uribe vs. Fiscalía
Todo parece un libreto ya aprendido. Durante tres días, la Fiscalía y el expresidente Uribe se han enfrascado en una discusión en la que, al parecer, está siendo dominada completamente por el plano político y no por lo judicial. Mientras Uribe se niega a entregar las supuestas pruebas que evidenciarían que a la campaña de Santos en 2010 habrían entrado US$2 millones de dólares del narcotráfico porque, según él, no tiene garantías procesales, el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha sostenido que esas acusaciones son infundadas y la recusación presentada era improcedente.
Uribe llegó ayer hasta el despacho del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo para manifestar que no declararía bajo juramento ya que no confía en la imparcialidad de Montealegre ni de Perdomo. Luego abandonó las instalaciones del ente investigador y repitió que será ante el procurador Alejando Ordóñez que presentará las pruebas que evidenciarían la supuesta entrada de dineros calientes a la campaña Santos. Agregó el expresidente que toda esta situación es una “orden ilegal del presidente Santos al fiscal para que me someta a este acoso”.
Sin embargo, varios abogados penalistas no comparten los argumentos esgrimidos por el expresidente. El jurista Iván Cancino aseguró que “la Constitución exige que todo colombiano que tenga conocimiento de un delito, tiene que denunciarlo. Además, el argumento de Uribe de no tener garantías no puede aplicarse a todos los fiscales. El vicefiscal Perdomo no ha dado declaraciones sobre el tema y él es quien adelanta la investigación, por lo cual no puede abstenerse de entregar las pruebas”.
De esta misma forma opina el abogado Darío Bazzani; sin embargo, sostuvo que “si una persona dice tener un testimonio confiable, es muy difícil hacer un juicio de necesidad de prueba. Uno primero debe citar al testigo en varias oportunidades y si se comprueba que no asiste por renuencia, se puede solicitar que se conduzca para que declare. Esto sólo aplica en juicio y, además, Uribe no es un testigo sino un denunciante”. En pocas palabras, no se puede obligar al expresidente a entregar las pruebas ya que no se tiene la certeza de que sean la ‘prueba reina’ y de vital importancia para la investigación.
Toda esta discusión se desprende de las declaraciones de Javier Antonio Calle Serna, alias Comba, quien dijo que un grupo de narcotraficantes, que querían someterse a la justicia, habían entregado $12 millones de dólares al asesore del gobierno Santos, J. J. Rendón, por ser intermediario. En los últimas días se conoció un comunicado de Comba en el que advertía que no daría declaraciones sobre el tema de J. J. Rendón sino que entregaría nombres de políticos vinculados a la bacrimpolítica, especialmente con su grupo los Rastrojos. Por su parte, Rendón fue citado el próximo lunes por la Fiscalía al consulado colombiano en Miami para explicar su participación en la negociación con los ‘narcos’.