El pasado 23 de febrero, el ingeniero Erasmo Montaña, constructor del Parque Zonal Villamayor —ubicado en los terrenos del Cementerio del Sur en Bogotá, reportó al CTI de la Fiscalía el hallazgo de los restos óseos de, al menos, tres personas. Los despojos tenían dos particularidades que llamaron la atención del ingeniero Montaña y de los sabuesos de la Fiscalía: estaban calcinados y ese lugar era el mismo que dos periodistas holandeses, en enero de 1986, registraron fotográficamente como el punto donde desconocidos arrojaron a una fosa común pedazos de cuerpos incinerados que, al decir de uno de los enterradores, eran “los hijueputas del Palacio”.
Durante dos días, hasta que llegó la Fiscalía y acordonó el lugar de 3.400 metros cuadrados, la orden de Montaña fue que nadie debía manipular el terreno. Luego de un breve interrogatorio, los agentes del CTI recogieron las osamentas y no se las llevaron para adelantar algún estudio, sino que las metieron en bolsas negras y las volvieron a inhumar en el mismo sitio. Según Montaña, funcionarios de la Fiscalía le explicaron que hasta tanto no se recibiera un reporte del CTI dándoles vía libre para disponer de ese terreno, el lugar debía permanecer tal cual estaba y que sería ese organismo el encargado de determinar qué hacer con los restos encontrados.
El megaproyecto para construir un parque de unos 40 mil metros cuadrados en el Cementerio del Sur, a fin de recuperar la estética del sector, tiene un valor de $3.260 millones asignados para su primera etapa. El contrato para ejecutar la obra fue suscrito por el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) y la firma Varela Fiol y Cía. en 2008, y el inicio de la misma se formalizó el pasado 5 de febrero. Durante 18 días, sin contratiempo alguno, los trabajadores se ocuparon de preparar el terreno para la construcción, hasta que uno de los obreros le informó al ingeniero Montaña y al interventor del proyecto el hallazgo de los restos. Ellos no hicieron ninguna conexión con los trágicos sucesos del Palacio de Justicia y mucho menos con los desaparecidos reportados.
Sin embargo, el cuento se regó como pólvora y la defensa del detenido ex comandante del Ejército, general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, procesado por los desaparecidos del Palacio, arribó al sitio el pasado viernes para indagar con el constructor, el interventor y los obreros sobre los detalles del descubrimiento y, en particular, el estado de la osamenta. Es así como la abogada Tania Parra Montenegro, junto con uno de sus investigadores de cabecera, tuvo acceso a fotografías en las que se advierte que los restos estaban calcinados. Así se lo confirmó a un equipo periodístico de El Espectador que también estuvo en el lugar.
Parra Montenegro señaló que existen muchos indicios que le hacen pensar que dicho hallazgo pueda convertirse en el principio del fin del proceso judicial. Según ella, desde que la revista Semana publicó en noviembre del año pasado las fotografías de los holandeses Jan Thielen y Harry Van der Aart, registradas el miércoles 22 de enero de 1986, en las que supuestamente son enterrados no menos de ocho cadáveres y pedazos de cuerpos “negros como el carbón” en ese preciso lugar, la defensora ha insistido en que la Fiscalía practique una prueba para determinar si dichos restos corresponden a los once desaparecidos de los trágicos hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La prueba les fue negada a los defensores de los militares durante una audiencia en el juicio adelantado en contra del coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y otros suboficiales. Sin embargo, con este nuevo descubrimiento, y ante las particularidades de incineración que presentan los despojos, Parra pretende elevarle a la Fiscalía una petición para que, a través de una inspección, se despejen las dudas, pues sostiene, como los periodistas holandeses, que el hallazgo sí corresponde a algunos de los desaparecidos. Puso como ejemplo que allí mismo, en 1999, se exhumaron 261 esqueletos y, dos años más tarde, se identificó mediante prueba positiva de ADN que uno de éstos correspondía a Ana Rosa Castiblanco, reportada desde 1985 como desaparecida en el Holocausto.
Pero lo más novedoso, de ser efectivamente hallados los cuerpos, es la tesis de varios defensores de los militares procesados, conocida por El Espectador: si aparecen los restos, el delito de desaparición forzada, por el que han sido vinculados al expediente, se eliminaría de un tajo y, por tanto, el caso se derrumbaría como un castillo de naipes. Entre otras cosas porque, dicen ellos, el delito de homicidio, según el Código Penal de la época, ya prescribió.
Dicho de otro modo, de acuerdo con esta controvertida posición jurídica, lo peor que podría sucederles a los familiares de los desaparecidos es que las osamentas de éstos aparezcan. Penalistas consultados por este diario no ven descabellada la insólita teoría.
En la otra orilla se ubican los representantes de las víctimas. El abogado Rafael Barrios recalca que la Fiscalía ya revisó el lugar que registraron las fotografías de los holandeses hace 23 años, y a través de un sesudo estudio se descartó que existieran restos de algunos de los desaparecidos.
Sobre la teoría de su contraparte, Barrios la calificó como una táctica para distraer la atención. “Que el homicidio prescribe y la desaparición se acaba es mentira. El delito de ejecución extrajudicial es un delito de lesa humanidad. Es un crimen imprescriptible”. No obstante, aclaró que no tenía idea del reciente hallazgo.
En esa misma dirección se pronunció hace un par de meses René Guarín, hermano de la trabajadora de la cafetería del Palacio Cristina del Pilar Guarín. “La Fiscalía estableció, luego de estudio de aseguramiento, topográfico y topométrico, que la fosa famosa (foto de los holandeses) no tiene restos humanos (…) Se cierra de esta manera un intento promovido desde el alto mando militar por procurar que se dilatara un proceso que, después de 23 años, no conoce verdad”. Más allá de consideraciones de defensores o acusadores, en este caso la justicia tiene la obligación de indagar el descubrimiento.