El 6 de mayo de 1995 una patrulla de la Policía llegó a la finca El Silencio, en San Antonio del Prado (Antioquia), con el propósito de realizar el levantamiento de cinco cadáveres de personas que habían muerto de manera violenta. De regreso al pueblo, la patrulla se encontró con dos jóvenes que horas después fueron entregados a un jefe paramilitar, sin que hasta hoy se conozca cuál fue su destino. Desaparecieron.
Por este hecho, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró responsable al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, al advertir que la desaparición forzada del joven Jorge Iván Alarcón Sánchez fue causada por las actuaciones del cabo David Prada Barajas, quien estaba a cargo de la patrulla, y fue la autoridad que probadamente retuvo al estudiante junto con otro joven.
Por estos hechos, un juzgado penal ya había condenado al cabo Prada Barajas a nueve años y seis meses de prisión por el delito de secuestro simple agravado. También la Procuraduría lo encontró responsable. En la reconstrucción del caso quedó escrito que los jóvenes Jorge Iván Alarcón Sánchez y Édgar Augusto Monsalve nada tenían que ver con hechos al margen de la ley.
Los muchachos iban a la zona de El Silencio a cantar y por eso llevaban consigo una guitarra. Al cabo le pareció sospechoso que se movilizaran en una zona de combate. En la investigación se le reprochó al oficial que, si sospechaba de ellos, no los hubiera llevado ante una autoridad judicial. Por el contrario, los entregó a un desconocido que terminó por desaparecerlos.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, al examinar el hecho a la luz del derecho internacional, consideró arbitrario todo el procedimiento contra el estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia, Jorge Iván Alarcón Sánchez, y ordenó indemnizar a sus padres, a su hermana y a un tío por los perjuicios ocasionados por el Estado.