El motivo: el suicidio de Mercedes Ariza Pardo, una paciente con enfermedad maniaco-depresiva que estuvo al cuidado de los médicos y enfermeras del hospital psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga.
Según lo determinó el alto tribunal, el Estado deberá cancelar ese dinero a favor del esposo de Ariza y sus cuatro hijas, debido a la comprobada negligencia de los profesionales del centro de salud mental, quienes incumplieron la obligación de protegerla, pese a que ella había manifestado una y otra vez que quería suicidarse. Su historia empezó el 14 de abril de 1994. Ese día, Mercedes ingresó al hospital psiquiátrico San Camilo, remitida por un médico de Vélez, Santander.
La paciente fue conducida por sus familiares al centro de recuperación mental, luego de haber agredido a Carlos Julio Ariza Pardo, su esposo, con un arma cortopunzante e intentar quitarse la vida. “Rompí un frasco y quise cortarme las venas”, fue lo que dijo al tratar de explicar su comportamiento. Sus palabras se consignaron en la historia clínica el 1º de mayo de ese mismo año. Los galenos dieron su diagnóstico: “episodio psicológico agudo”.
El 8 de mayo de 1994 Mercedes murió producto de una “asfixia mecánica”. Su deceso ocurrió pocos días después de haber ingresado al sanatorio mental. Ese 8 de mayo, en horas de la mañana, Ariza se subió a un árbol. No pensaba muy bien. Sólo sabía que extrañaba a su familia, que pensaba en el disgusto que le había causado a su marido, que tenía frío y sueño, que no sabía qué hacer. Las enfermeras del San Camilo la obligaron a bajarse de allí y la llevaron a su habitación. María Isabel Prada de Cordero fue la última que la vio con vida.
Minutos después la enfermera Prada acudió a la portería del San Camilo. Debía atender una llamada. Y la visita de Carlos Julio a su esposa. Cuando regresó a la Unidad de Terapia Electroconvulsiva —donde se encontraba el cuarto de Mercedes—, para avisarle que su marido había llegado a verla, la encontró pendiendo de una varilla de la ventana, sujetada del cuello con la blanca sábana de su cama. Murió de inmediato. Se ahorcó.
Julio Ariza y su familia asumieron los trámites y costos del funeral. Molesto con el personal del hospital y triste por la ausencia de Mercedes, el 22 de agosto de 1995 emprendió acciones legales contra la Nación. Su argumento: dejaron morir a su esposa. El Consejo de Estado le dio la razón. El hospital San Camilo “no realizó todo lo necesario para evitar que la señora se suicidara, a pesar de que se hallaba interna por una afección mental y no obstante haber exteriorizado intenciones de causarse la muerte”, concluyó. Catorce años después del fallecimiento de su madre, la justicia les otorgó un poco de paz a Paola Andrea, Patricia, Luz Fanny y Ana Milena. Sin duda, cierran un círculo de dolor y litigio. Cada una recibirá del Estado, al igual que su padre, una indemnización de $46 millones, en compensación por el descuido y la falta de atención sobre el ser querido que llevaron para que se recuperara emocional y mentalmente de una profunda depresión.
Esta sentencia se convierte en una voz de alerta para el resto de centros psiquiátricos del país.