El pasado martes se dio a conocer el principio de oportunidad de Natalia Trujillo enviado por la Fiscalía a un juez. En el documento, la Fiscalía asoció a Trujillo, quien está siendo investigada por el atentado del 17 de junio de 2017 en el Centro Comercial Andino, con células de Eln que, supuestamente, operan al interior de la Universidad Nacional. El señalamiento estaría relacionado con su condición de egresada de esta institución. Un total de 469 personas, entre estudiantes y egresados, firmaron una carta donde le piden a la Fiscalía que en medio de un acto de reconciliación acepte el error de estos posibles sesgos con la universidad.
(En contexto: Reclamos a la Fiscalía por comentario estigmatizante contra la Universidad Nacional)
De acuerdo con la comunicación, “invitamos a que (…) la Fiscalía General de la Nación escuche el llamado de nuestra comunidad y reconozca la responsabilidad sobre este error. Reconocer la responsabilidad es un acto necesario en nuestro contexto y debe ser un ejemplo para la nación. Nuestra sociedad lo exige y las víctimas lo merecen. Estos son hechos de paz, son hechos de justicia”. Ese mismo martes, al vicefiscal Martha Mancera dio una rueda de prensa en la que declaró como falsa la solicitud hecha por la Fiscalía.
El motivo del revuelo fue causado por la mención realizada en la página 22 de este recurso, en donde la Fiscalía le dijo al juez que “la ciudadana Trujillo Nova fue estudiante egresada de la Universidad Nacional de Colombia, graduada como Abogada, y por esta condición conoce desde su interior la estructura y funcionamiento del Ejército de Liberación Nacional”. Mancera indicó que to se trataría de una noticia falsa con el propósito de entorpecer el proceso y que la Fiscalía desconoce las “fuerzas oscuras” detrás de estas intenciones.
Así mismo, la funcionaria fue enfática en que “esta Fiscalía jamás aceptaría un principio de oportunidad donde se estigmatizara a un alma máter (…) nunca se han hecho relaciones en torno a que tenga que ver con la Universidad Nacional”. En esta medida, los estudiantes y egresados que firmaron la comunicación aseguran que “el hecho ocurrió y la Fiscalía no puede desconocerlo afirmando que la legítima reflexión de nuestra comunidad sobre el asunto debe acogerse con sospecha o interpretarse como un ataque al proceso”.
(Le puede interesar: Natalia Trujillo, la primera procesada por el caso Andino que se volverá testigo)
Para la Universidad este no es un hecho fortuito. En el documento indican que “el desafortunado documento presentado por la Fiscalía General de la Nación a jueces de la República, en el caso del atentado en el Centro Comercial Andino, en donde se afirma que ser parte de nuestra comunidad implica tener conocimientos sobre la operación de un grupo armado ilegal, no constituye un hecho aislado”. La comunidad académica expresa que es un patrón que ha sido replicado por el ente investigador y señalan que “ningún proceso judicial puede fundamentarse en la estigmatización de una institución esencial para el Estado social de Derecho”.
En la comunicación, la comunidad académica dejó claro que, como entes públicos, ambas instituciones deben primar por el respeto mutuo e hizo un llamado a la Fiscalía para que reconozca los números aporte que ha hecho la Universidad a la democracia y la paz del país. “Cabe recordar los diversos procesos desde los cuales la Facultad ha contribuido académicamente a la Fiscalía, que incluyen formación, análisis de política pública, conferencias, entre otros”, indicaron.
Desde años, varios edificios de la universidad han estado al punto del colapso, entre estos está la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Egresados de esta facultad rechazaron el sesgo que aparentemente puede tener la Fiscalía con la Universidad en medio de las investigaciones por el atentado. En el pronunciamiento, los estudiantes y egresados señalaron que “continuamos cediendo nuestros corazones con el fin de que cada latido sea por la democracia y la paz. Por ejemplo, recientemente la Facultad entregó a la sociedad una propuesta de unificación y actualización del Código Civil. Igualmente, cuenta con el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz como un espacio para comprender las raíces del conflicto y formular propuestas para la consecución de la paz”.
Jennifer Mojica, experta en temas de tierras y abogada de la Nacional, hace parte de los egresados que están molestos con el señalamiento de la Fiscalía. El martes, cuando se conoció la solicitud, la abogada le dijo a este diario que “ese argumento de estigmatización a la universidad pública es algo irresponsable, retardatario y que, además, viola el debido proceso no solo de las personas que están involucradas sino de todos nosotros como estudiantes y comunidad académica”.
(Lea también: “La Fiscalía sabe que no tenemos nada que ver”: señalados del atentado al Andino)
En esa medida, en la misiva “recordemos casos anteriores en donde la Fiscalía y los medios de comunicación han hecho énfasis sobre capturas de personas vinculadas a la Universidad, pero que, posteriormente, son dejadas en libertad por falta de pruebas. Ello, sin que medie ejercicio alguno de reparación frente al estigma al que nos exponen constantemente”. Pidieron al ente investigado avanzar con los procesos con argumentos y que “la Universidad Nacional de Colombia no está en juicio y, bajo las actuales condiciones, está siendo juzgada”.
Además, pidieron “encausar la investigación hacia el objetivo principal: esclarecer los hechos y responsables del atentado de 17 de junio de 2017. Las víctimas merecen que la Fiscalía actúe con la rigurosidad. La sociedad necesita confiar en que la Fiscalía está llevando a cabo un proceso que garantice la no repetición. Para ello, es necesario abandonar el discurso mediático en contra de nuestra alma mater”.
Para Mojica, “volvimos a tiempos en que el pensamiento crítico y demócrata es delito; la fiscalía al estigmatizar a la Universidad Nacional además de violar su buen nombre y la libertad de cátedra cae en una tesis peligrosista que nos pone en riesgo a todos sus egresados”.