Ex trabajadores de la desaparecidas Telecom y de sus asociadas dirigieron una comunicación al presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, para que ponga en consideración la posibilidad de revisar la determinación en la cual esa Corporación exigió la suspensión de todas las acciones legales a través se están exigiendo tales derechos.
Así lo reseñó Rafael Jesús Villar Gómez, quien manifiesta que pese a que un Juez reconoció el incumplimiento en las obligaciones que para con él adquirió el Patrimonio Autónomo de Remantentes, PAR, de la desaparecida firma, hasta el momento no ha recibido los dineros que se le adeudan, lo que ha acrecentado el drama que él y sus familiares aseguran estar padeciendo.
En la comunicación dirigida al Magistrado González señaló que su hija de 12 años de edad sufre de cardiopatía congénita que, en su caso, consiste en la carencia de uno de los ventrículos del corazón, por cuanto requiere de varias intervenciones quirúrgicas, muchas de las cuales no habrían podido llevarse a cabo con la celeridad que lo requiere, a consecuencia de su situación laboral.
Indicó que, pese a que fue despedido el primero de febrero de 2006, únicamente el 20 de agosto de 2008 un operador jurídico reconoció la legalidad de esa actuación, lo que lo llevó a acudir acciones legales para exigir lo que, considera, son una serie de acreencias laborales a las que tiene derecho y que no han sido hasta ahora atendidas por el PAR de Telecom.
En similar sentido se pronunció otra de las ex trabajadoras, Jackeline Lozano Trujillo, quien se basó en una sentencia unificada, la SU-388 de 2005 expedida por la misma Corte en las que se reconocen acreencias laborales exigidos por personas que, como ella, ostentaban la condición de madre cabeza de familia.
La ex funcionaria de Telecom solicitó que se conforme una comisión especial de seguimiento a esa determinación, con el fin de hacerse al goce efectivo de sus derechos, que considera vulnerados.
La Corte Constitucional, por su parte, determinó la transitoria suspensión de tales acciones, debido a las crecientes irregularidades que ha habido en muchos de los fallos, que han derivado de maquinarias corruptas, algunas desmanteladas y cobijadas con actuaciones penales; los afectados, sin embargo, insisten en que ellos no hacen parte de tales plataformas y han solicitado en reiteradas oportunidades que no se les equipare con la delincuencia organizada que ha desangrado las finanzas de varias empresas estatales en liquidación.