Más preguntas que respuestas, un panorama con más vacíos que certezas y la posibilidad de que la justicia ordinaria tenga que investigar y llevar a juicio cerca de 50 mil procesos contra desmovilizados, es el resultado del reciente fallo de la Corte Constitucional que dejó sin piso el principio de oportunidad para integrantes de grupos armados al margen de la ley que en el pasado decidieron dejar las armas. Además, con el agravante de que el Estado tendría que realizar un enorme esfuerzo para procesar a estos ex militantes, que en el peor de los escenarios pagarían penas no superiores a los 11 meses de prisión.
Así lo advirtieron fuentes de Justicia y Paz de la Fiscalía, quienes indicaron que los despachos judiciales que quedarían encargados de estos procesos sufrirían una congestión superior a la que ya enfrentan. Como si fuera poco, en caso de que los desmovilizados deban ir a la cárceles, desbordarían la capacidad de los centros de reclusión del país. Y es que las estadísticas son concluyentes. Mientras se prolongó el proceso de paz con las autodefensas y sumando a los integrantes de grupos guerrilleros que decidieron dejar las armas, la cifra pasó de los 31 mil en desmovilizaciones colectivas. En este caso (31.806) fueron de las Auc.
En relación con las desmovilizaciones individuales, el número ha superado los 22 mil, de los cuales más de 19 mil pertenecen a grupos guerrilleros. “Cómo vamos a decir que unos sí cometen delitos susceptibles de ser calificados como rebelión (que se les aplica a los grupos guerrilleros) y los otros no (por lo que serían juzgados por la justicia ordinaria), cuando ambos han cometido los mismos delitos en este país: secuestran, extorsionan, ejecutan y reclutan niños, desplazan, desaparecen y atentan contra la población civil. ¿Con qué criterio vamos a decir que uno sólo comete rebelión y el otro concierto para delinquir agravado?”, se preguntó el portavoz de Justicia y Paz. Agregó que esa puerta quedó abierta en el reciente fallo de la Corte Constitucional, porque se habla de los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley.
Por demás, los procesados enfrentarían penas que al final no serían superiores a los 11 meses de prisión. Al ser condenados se les aplicaría la pena más favorable para concierto para delinquir agravado con fines de cometer delitos de lesa humanidad, que podría ser de cuatro años. Al acogerse a sentencia anticipada, la pena podría reducirse a la mitad y si el condenado recibe beneficios por trabajo y estudio y obtiene la libertad con las tres quintas partes de la pena cumplida, los desmovilizados podrían estar en menos de un año fuera de las rejas, lo que en términos prácticos significaría un enorme desgaste para la administración de justicia.
Por eso, en mentideros políticos ha comenzado a sonar la posibilidad de presentar un nuevo proyecto de ley que les dé seguridad jurídica a los desmovilizados, muchos de los cuales podrían reincidir ante la posibilidad de volver a prisión. También, de introducir en el debate que se adelanta actualmente en el Congreso para la prórroga de la ley (1106), que la da facultades al Gobierno para otorgar beneficios jurídicos a los desmovilizados, a los integrantes de organizaciones ilegales que en el futuro decidan abandonar las armas. La experiencia enseña que en procesos de paz hay la necesidad de conceder beneficios a cambio de evitar la perpetuación del conflicto, buscando imponer la justicia de los vencedores, que en el caso de Colombia lleva más de medio siglo sin haber llegado a su fin.