Ante la pregunta de la jueza 49 de control de garantías la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano, Liliana Pardo Gaona se declaró inocente del delito de cohecho propio imputado por la Fiscalía General en el marco del segundo proceso penal que se le adelanta por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la entrega del tres contratos de la Fase III de TransMilenio y los referentes a la valorización.
“Tal como se lo expresé el 27 de mayo al fiscal delegado ante la Corte, no me allano a los cargos. Mi conciencia no me lo permite”, precisó la exfuncionaria quien manifestó que siempre ha estado atenta a atender las citaciones de las autoridades judiciales. Pardo Gaona fue capturada en la tarde del pasado lunes por agentes del CTI en su domicilio.
En la audiencia que se celebró en la madrugada de este martes, la Fiscalía General indicó que existen elementos materiales probatorios que permiten inferir que la entonces directora del Instituto recibió una promesa de remuneración consistente en un porcentaje de la licitación pública de los contratos 071, 072, 091 y 092 de la licitación 006 de 2008 que hacen referencia a la tercera fase de TransMilenio por la calle 26.
En este hecho habrían participado el exsubdirector jurídico y técnico del IDU, Inocencio Meléndez; el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas; el abogado Álvaro Dávila; y los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez. Todos ellos actualmente están siendo procesados penalmente por el denominado ‘carrusel de la contratación’ que desfalcó al Distrito mediante la celebración irregular de multimillonarios contratos viales durante la administración de Moreno Rojas.
Ante esto la funcionaria había omitido sus funciones de control y vigilancia para la adecuada licitación y ejecución de los multimillonarios contratos los cuales habrían sido entregados a un grupo de contratistas que se aprovecharon de la alteración del pliego de condiciones expedido por el IDU. La exfuncionaria también habría participado en las irregularidades por la contratación de los convenios referentes a la valorización.
Según la Fiscalía General, en este caso habría recibido una promesa remuneratoria directa del contratista Emilio Tapia y el abogado Álvaro Dávila. El cohecho habría consistido en la entrega de sitios privados, información privilegiada los términos de la contratación. “Liliana Pardo era la directora de adjudicación y superior inmediata de los demás funcionarios del IDU”, precisó el representante del ente investigador.
La renuncia de su abogado
Argumentando que representa un peligro para la sociedad y que en libertad podría obstruir la efectiva administración de justicia la Fiscalía General le solicitó a la jueza de control de garantías que cobije a Pardo Gaona con medida de aseguramiento en centro carcelario. En este caso consideró que el delito imputado es grave puesto que hace referencia a un cargo contra la administración pública, igualmente señaló que es menester garantizar la presencia de la procesada a las diligencias judiciales.
En su argumentación el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia manifestó que la exdirectora del IDU incurrió en una falta antijurídica al recibir promesas remuneratorias de tipo económico por parte de un grupo de contratistas para garantizar la entrega de los multimillonarios contratos viales en la capital de la República en el año 2008. En este caso se dejó en claro que nunca recibió las sumas de dinero consistentes en las promesas.
Ante esto se indica que Pardo Gaona suministró información privilegiada relacionada con los procedimientos licitatorios esto con el fin de que los contratistas modificaran el pliego de condiciones y fueras los únicos en cumplir los requerimientos exigidos por el IDU. Además habría entregado información privilegiada relacionada con los procedimientos que iba a adelantar el Instituto con las propuestas presentadas.
En el proceso de licitación se cambió el sitio y el método de evaluación de las propuestas. El fiscal del caso citó las declaraciones entregadas por los contratistas Emilio Tapia y Héctor Julio Gómez, así como el exsubidrector técnico Inocencio Meléndez Julio y el abogado Álvaro Dávila quienes acusaron a Pardo Gaona de recibir dichas propuestas remuneratorias en el desarrollo del proceso de licitación y entrega de los contratos.
En el marco de la diligencia judicial, que se extendió hasta las tres de la madrugada, el abogado Fernando Mestre –quien ya había recibido un llamado de atención de la jueza- solicitó un receso argumentando que necesitaba un tiempo prudencial para estudiar los argumentos de la Fiscalía General frente a la medida de aseguramiento, reseñando además la hora y el hecho de que la diligencia judicial se había extendido.
Esta solicitud fue rechazada por la representante de la Procuraduría General y la defensora de las víctimas acreditadas en este caso. Inmediatamente el jurista, quien ya había manifestado falta de garantías en la diligencia judicial, presentó su renuncia a la defensa acción que tampoco le fue aceptada por la funcionaria judicial quien le aseguró que ese era un procedimiento extenso. Ante esto la procesada pidió la palabra y le retiró el poder a Mestre.
Dicha acción obligó aplazar para el mediodía de este martes la diligencia judicial. No sin antes la jueza de garantías compulsó copias para que se investigue disciplinariamente la conducta del abogado defensor indicando que habría incurrido en una dilación del proceso. El jurista manifestó que no existe ninguna conducta irregular en solicitar un receso para descansar y preparar la defensa de su cliente.