El fiscal General, Néstor Humberto Martínez calificó los hechos que llevaron a la captura al fiscal de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno como un “agravio” a las personas que depositaron en él toda la confianza para que asumiera uno de los máximos cargos que tiene el ente investigador.
Martínez Neira, en su primera declaración en público frente a estos hechos, consideró que el fiscal Moreno “fue infiel a la confianza que se le endilgó para contribuir al desarrollo de esos programas de la Fiscalía General”, principalmente ‘Bolsillos de Cristal’, programa bandera de la actual administración para luchar contra la corrupción.
Para el Fiscal General, Moreno Rivera no tenía conocimiento de los procesos que se adelantaban por casos tan delicados como el desfalco a Reficar, el caso Odebrecht, entre muchos otros. «No conocía una hoja de papel de las macroinverstigaciones que se adelantaban». (Ver EE.UU. dice que exjefe anticorrupción de la Fiscalía pidió un soborno de $400 millones)
«Él (Moreno) no era el responsable de los casos. El Fiscal, la Vicefiscal y el director de articulaciones especializadas manteníamos un control metro a metro de lo que ocurría en la Fiscalía Anticorrupción. No hay contaminación de las investigaciones que se adelantaban», precisó Martínez Neira en rueda de prensa. (Ver Arresto de jefe anticorrupción, escándalo mayor en la Fiscalía)
Para el próximo 14 de julio está fijada en la Sala Penal del Tribunal Supeiror de Bogotá la audiencia de imputación por el delito de concusión en contra del ahora exfiscal Moreno. El pasado viernes fue trasladado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota mientras la Corte Suprema de Justicia toma una decisión de fondo frente a la solicitud presentada por una Corte de los EE.UU.
Propósito criminal
“Una mala hora, se nos arrugó el alma institucional. Pero la función del fiscal es tener que responder por la selección de sus funcionarios, ha quedado incólume al no permitir que su conducta criminosa se concluyera facilitando beneficios a un indiciado que es el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Ese era el propósito criminal que se pretendía”, precisó el Fiscal.
Cuando se recibió la información sobre las presuntas acciones irregulares en las que estaría inmerso Moreno se ordenó la apertura de una investigación. El caso pasó a conocimiento de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 12 de mayo, y se inició de manera inmediata la recolección de elementos materiales de prueba para corroborar los hechos.
La evidencia recolectada se demostró que “el delito se iba a consolidar en el exterior” se le pidió colaboración al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En ese momento se le presentaron las pruebas para evitar que una afectación a la investigación puesto que en Miami se iba a hacer la entrega del dinero de Lyons a Moreno.
“El delito de concusión se perfecciona con la entrega del dinero que se le haga al servidor público que lo está exigiendo”. El Gobierno de los Estados Unidos manifestó su interés de colaborar con el caso. “Los agentes de EE.UU. tenían como única propósito recaudar la prueba con destino al proceso en Colombia poder acusar y condenar al fiscal Moreno y a su compinche (el abogado Leonardo Pinilla)”.
«Pero el calado de los hechos en territorio americano, las condiciones en que se dio, la manera vergonzante como un servidor de la Fiscalía hizo estas tratativas para obtener dinero de un indiciado y objeto de imputación llevó a que la autoridad americana tomara interés”, explicó.
Es por esto que tanto Moreno como Pinilla deben responder por actos ilegales tanto en los Estados Unidos como en Colombia. Martínez Neira aseguró que en Colombia son investidos por delitos contra la administración de justicia y en EE.UU. por lavado de activos. Por esta razón fue que el entonces fiscal anticorrupción no fue detenido en Miami.
Proceso de extradición
En los próximos días la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia definirá la solicitud enviada por la Corte Federal para el Distrito Sur de la Florida por el delito de conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción.