Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exgobernador del Chocó, Efrén Palacios Serna en el proceso que se le adelanta por su presunta responsabilidad en las irregularidades que rodearon la celebración de siete contratos para la entrega de medicamentos de alto costo a la clase menos favorecida del departamento.
En la diligencia judicial celebrada este miércoles el magistrado con función de control de garantías indicó que “está excluida” la posibilidad que el exmandatario departamental pueda cometer nuevamente los delitos por lo que es investigado puesto que ya entregó su cargo, razón por la cual no puede firma nuevos contratos.
Señaló además que el procesado no representa un peligro para la sociedad o exista la posibilidad que pueda obstruir a la administración de justicia mediante la fuga. El exgobernador se declaró inocente de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
Al final de la audiencia ninguno de los sujetos procesales presentó recurso de apelación por lo que la decisión quedó en firme. En los próximos días la Fiscalía General radicará el escrito de acusación contra Palacios Serna por las fallas en la celebración de estos contratos que tuvieron un valor cercano a los 4 mil millones de pesos.
Según la investigación de la Fiscalía, el dinero fue utilizado para el pago de deudas que había adquirido Palacios Serna en su campaña política a la Gobernación. Por estos mismos hechos es investigado el exsecretario de Salud, Guillermo Verhelst Cruz.
“El departamento del Chocó a través de la Secretaría de Salud celebró contratos de prestación de servicios para el suministro de medicamentes POS y no POS para población vulnerable. En el trámite y celebración de esos contratos se violaron los procesos de contratación pública porque se inobservaron requisitos legales”, precisó el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo el pasado 24 de noviembre tras anunciar la imputación de cargos.
El Vicefiscal General aseguró que el Gobernador «habría utilizado de manera indebida recursos del sistema de seguridad social para el pago de créditos de su campaña política. Recursos que habrían debido ser destinados a la compra de medicamentos para población vulnerable».
Las pruebas recolectadas, explicó el Vicefiscal General, permiten inferir que en la actividad contractual existió una participación directa del Gobernador. “Al constituir la red de prestación de servicios era consciente que la única finalidad era apropiar los recursos del erario para retribuir los gastos de su campaña”.