El juez 12 de garantías aplazó la diligencia judicial en la que se iba a definir el futuro del cese de la acción judicial de los primos Nule por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento privado y celebración de contratos sin los requisitos legales en el proceso por el carrusel de la contratacióm.
La decisión se tomó porque el Inpec no pudo hacer el traslado de los contratistas a la sala de audiencias puesto que los empresarios tenían una declaración juramentada en la Procuraduría General de la Nación.
Sin embargo esta decisión fue cuestionada por los abogados defensores de los Nule quienes señalaron que desconocían dicha diligencia en el Ministerio Público en el departamento anticorrupción.
«Ellos (los Nule) estaban listos y dispuestos a venir a esta audiencia. No se conocía ninguna notificación de esa diligencia judicial en la Procuraduría», precisó Hernán Gonzalo Jiménez.
Por su parte el abogado Daniel Largacha, precisó que existe un interés para frenar la participación de los contratistas como testigos en los procesos por el escándalo de la contratación en todo el país.
En la diligencia judicial que se iba a celebrar este miércoles, la fiscalía tercera delegada ante la Corte Suprema iba a presentar la solicitud formal para que se cesara la acción penal contra los Nule por cuatro delitos a cambio de su compromiso de entregar información clave por el llamado escándalo del carrusel de la contratación.
Al final de la diligencia el juez hizo un llamado de atención para que el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte para que «justifique» el porqué los Nule no fueron trasladados.
«Se tiene que corroborar esa información. Cuál fue la decisión y si existen intereses para que no se diga la verdad en este estrado judicial. No aceptamos esta falta de respeto ante un juez de la República y ante los indiciados», precisó el funcionario judicial.
Ante esta situación, el centro de servicio judicial tendrá que hacer un nuevo reparto.