La defensa del expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo López desistió del recurso de apelación en contra de la medida de aseguramiento en centro carcelario impuesta por el juez 65 de control de garantías de Bogotá en el proceso penal que se le adelanta por su presunta participación en el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
Fuentes cercanas al proceso aseguraron que Jaramillo López estaría negociando un principio de oportunidad con el ente investigador en el cual se comprometería a entregar información sobre otras personas implicadas en el pago de millonarios sobornos a funcionarios del Distrito con el fin de resultar beneficiados con contratos de obras públicas durante la administración de Samuel Moreno Rojas.
El objetivo de este principio es conocer el nombre de otras personas, entre ellos contratistas, que habrían pagado comisiones para la adjudicación de diferentes contratos en otras administraciones. Mientras se adelantan estas negociaciones el empresario continuará privado de su libertad en los calabozos del búnker de la Fiscalía General. (Ver A la cárcel expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, por “carrusel de la contratación”)
El empresario, quien es procesado por su presunta participación en los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, se habría reunido en diferentes oportunidades con el ingeniero Jaime Mejía Bernal, presidente del Grupo Patria, para “cuadrar” la entrega de las comisiones con garantizar el contrato de reparación de la malla vial que tenía un valor cercano a los 43 mil millones de pesos.
Mejía Bernal, quien es prófugo de la justicia, contactó a un grupo de concejales para que favorecieran los intereses de la Unión Temporal en el mencionado contrato. En una primera parte le fueron entregados 450 millones de pesos divididos así: $150 millones para Iván Hernández Daza y 300 millones al concejal Andrés Camacho Casado (quien fue condenado por estos hechos tras la firma de un preacuerdo).
En otra etapa se destinaron 535 millones de pesos divididos así: Para los concejales Hipólito Moreno y Orando Parada Díaz. Otra parte le fue entregada a Iván Hernández Daza como un “regalo” una vez e fue adjudicado el contrato vial. Para justificar la entrega de este dinero aparecen en la empresa Conalvías unas facturas a unos proveedores, sin embargo la Fiscalía General considera que estos documentos fueron falsificados para darle apariencia de legalidad.
Otro testigo aseguró que se habrían pagado, además de las sumas de dinero anteriormente mencionadas, una suma cercana a los 1.900 millones de pesos con el fin que otros funcionarios facilitaran la entrega del contrato, evitar los debates de control y vigilancia y la modificación del pliego de condiciones del contrato.