El exsecretario de Movilidad de Bogotá, Fernando Álvarez Morales se declaró inocente de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales por las irregularidades que rodearon la firma de convenios en la estructuración del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).
Según la Fiscalía General, la Secretaría de Movilidad destinó 3.000 millones por ese estudio, pero al final, la firma KPMG, solamente recibió $1.200 millones. El ente investigador busca establecer qué se hizo la parte restante. (Ver: SITP de Bogotá: ¿segundo capítulo del carrusel de la contratación?)
En la investigación también se destaca que se habrían presentado irregularidades en la selección del contratista puesto que en su informe KPMG rechazaba la mayoría de las propuestas. Hecho por el cual se indaga si se presentó el pago de comisiones para la adjudicación del millonario contrato en el proceso de licitación.
Fuentes allegadas a la investigación aseguraron que para la entrega de los millonarios contratos se habrían pagado $50 millones diarios a varios a altos funcionarios de la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas que tenian influencia y participación en este caso.
Debido a la gravedad de los hechos, la fiscalía general le solicito al juez de control de garantías que envíe a la cárcel al exfuncionario.