Ante una jueza de garantías, un fiscal de la unidad anticorrupción le imputó cargos a tres personas señaladas de mentirle a las autoridades judiciales para hacerse pasar como víctimas de la denominada masacre de Mapiripán registrada entre los días 15 y 20 de julio de 1997.
En su intervención, el delegado del ente investigador aseguró que con sus declaraciones rendidas se buscaron beneficios económicos por parte de la justicia basándose en hechos que no correspondían a la verdad puesto que sus seres queridos no fueron víctimas de esa arremetida paramilitar.
«Se pusieron de acuerdo para engañar al representante de la Fiscalía y así conseguir su objetivo de defraudar el patrimonio del Estado», precisó el fiscal del caso al argumentar que estas tres personas hicieron parte de una empresa criminal. (Ver Investigarán ‘falsos muertos’ en masacre de Mapiripán)
Y es que con sus declaraciones se alteró la investigación y se engañaron a la Fiscalía y llevaron al error a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a la Nación por estos hechos y obligó al pago de una multimillonaria indemnización cuando se avaló su calidad de víctimas.
Al hacer una revisión de los testimonios se hallaron una serie de contradicciones en las declaraciones rendidas ante las diferentes autoridades judiciales y se pudo comprobar que sus familiares no habían fallecido ni desaparecido en dicha masacre.
Documentos recolectados permitieron inferir que ni el esposo ni los dos hijos de Mariela Contreras fueron víctimas de dicha masacre. «Se gestó en una empresa común para presentar ante la Fiscalía una serie de declaraciones que indujeron al error a las personas encargadas de adelantar esta investigación».
Ante esto se pudo evidenciar que Gustavo Caicedo Rodríguez no murió en el marco de la masacre como lo dijo Mariela Contreras en dos declaraciones juramentadas, las cuales fueron apoyadas por los testimonios de su hija y su yerno, quienes también son procesados por esta defraudación.
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