En una carta firmada por los familiares de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia, cuestionaron la posición del presidente de la República, Juan Manuel Santos quien criticó el fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en firme la condena de 35 años de prisión en contra del excomandante de la Brigada XIII del Ejército, general (r) Jesús Armando Arias Cabrales.
En la misiva se asegura que existe una “falta de coherencia” por parte del jefe de Estado y el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado quienes manifestaron públicamente no estar de acuerdo con el fallo emitido el pasado 25 de octubre. “Con estos y otros hechos, para los colombianos es clara la falta de institucionalidad”.
“Por un lado nuestro Jefe de Estado acaba de venir del exterior en donde explicó que nuestro proceso de paz con base en verdad, justicia y reparación; pero por otro lado llega a Colombia a cuestionar la decisión de la Justicia Colombiana con relación a la condena del general (r) Armando Arias Cabrales, calificándola de injusta y exagerada”, indican.
Los familiares de los desaparecidos le solicitaron al presidente de la República respetar la decisión de los jueces y “cumplir con su promesa de campaña para lograr una paz duradera en Colombia con base en verdad justicia y reparación. ¿Cómo hablar del manejo del postconflicto en Colombia? (…) Es que cuando conviene, ¿la justicia es buena y cuando no conviene, la justicia en Colombia es mala?”
«Los familiares de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia exigimos verdad de parte de todos los actores comprometidos en los hechos del Palacio de Justicia ocurridos en noviembre de 1985 y años posteriores. No es sufgiciente la condena de militares», finaliza la carta de dos páginas enviada a la Presidencia de la República, Ministerio de Justicia, Procuraduría General y el Tribunal Superior de Bogotá.
Esta carta igualmente será radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, además se le enviará una copia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inicien las investigaciones que crean necesarias en este caso.