Después de dos años y medio este lunes finalizó el juicio en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del exsenador Iván Moreno Rojas por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon el denominado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
En la audiencia, el abogado defensor le solicitó al alto tribunal que emita fallo absolutorio a favor del excongresista del Polo Democrático Alternativo considerando que en todo el proceso no se presentó una sola prueba documental o testimonial que permitiera inferir que utilizó su cargo para presionar la entrega y celebración de contratos viales.
Para el abogado, no se pudo comprobar que Moreno Rojas hubiera cobrado comisiones, ni que se hubiera reunido con un grupo de contratistas –entre ellos Emilio Tapia y Julio Gómez- para sortear la entrega de multimillonarios contratos viales en la capital de la República durante la administración de su hermano, Samuel Moreno Rojas.
“No se presentaron reuniones en ninguno de los sitios en los que los miembros del Grupo Nule hablan”, precisó el jurista al hacer referencia a las declaraciones que ubicaban los encuentros en un Starbucks en los Estados Unidos, en la casa de la mamá del exsenador ubicada en el sector de Teusaquillo, en la sede de la Alcaldía de Bogotá y en la oficina del abogado Álvaro Dávila.
“El nombre de Iván Moreno fue deslealmente utilizado”, precisó su defensor quien le pidió a la Corte que examine a fondo todos los testimonios. “Para devolverle no solamente la inocencia, sino la dignidad personal, vida limpia, decorosa, digna de un trasegar por la vida pública del país”.
En los alegatos de conclusión aseguró que existe certeza de la inocencia de Moreno Rojas y duda probatoria que debe beneficiar al procesado. “Existe un convencimiento de que las cosas no ocurrieron como las dijeron los Nule”, aseguró el abogado haciendo referencia a los testimonios “claves” tenidos en cuenta por la Corte en el escrito de acusación por tres delitos contra Moreno Rojas.
Moreno Rojas, quien se encuentra privado de su libertad desde septiembre de 2011 en la cárcel La Picota de Bogotá, es procesado por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos en calidad de determinador y concusión.
Por estos hechos fue sancionado por la Procuraduría General con destitución e inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos. Igualmente el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura.