La negativa de los magistrados tiene su asidero en la solidaridad de gremio, ya que los togados de esa corporación comparten las exigencias de nivelación salarial ordenada por la Ley 4 de 1992, principal razón del cese de actividades.
Además, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, a diferencia de la contralora, Sandra Morelli, y de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, aseveró que el paro judicial no debía ser declarado ilegal. “Las reclamaciones que hace el poder judicial son unas reclamaciones justas. El Estado tiene que reconocer el derecho a la nivelación salarial y a la protesta social”, dijo, y agregó que no todos los servicios están paralizados. “De ahí que no hay ilegalidad en el paro judicial”, aseveró.
Mientras se conocían las posturas del tribunal y del fiscal Montealegre, al cierre de esta edición avanzaba una reunión entre representantes de Asonal Judicial y la ministra Correa, quienes hacían esfuerzos para llegar a un acuerdo que pusiera punto final al paro, que ha significado la no realización de, por lo menos, 45.000 audiencias judiciales.
Aunque no se conocían mayores detalles sobre un nuevo ofrecimiento del Gobierno para cumplir con la nivelación salarial en la Rama Judicial, el intríngulis del momento va por cuenta de la solicitud que le hizo Asonal Judicial al Gobierno de que no haya represalias contra los miembros de la Rama Judicial que cesaron sus actividades, por ejemplo, que se les dejen de pagar los salarios de los 28 días que ha durado el paro.
De acuerdo con Asonal Judicial, de llegarse a un acuerdo en el tema de la nivelación y de no imponerse represalias, el paro se levantaría de inmediato.