En la Fiscalía General dicen que hay tranquilidad frente a la discusión que comenzó el martes en el Consejo de Estado por la demanda de nulidad de la elección de Viviane Morales Hoyos como jefa del ente acusador y por la fecha hasta cuándo estará al frente del cargo. Caso contrario se vive en el gobierno de Juan Manuel Santos, debido a la crisis que podría desatar un fallo en contra de la elección. Por esto, las que vienen serán semanas cruciales para la justicia.
La Sala Plena del Consejo de Estado, en sesión reservada, se reunió ayer para escuchar al magistrado Alberto Yepes, quien es el ponente del caso. Él expuso y explicó el análisis que hizo de los elementos que integran la demanda. Lo que se alcanzó a conocer ayer es que la ponencia avala la elección de Morales Hoyos, debido a que la ratificación de su nombramiento se hizo finalmente con 16 votos, pero que su período terminaría en junio del próximo año, de acuerdo con la interpretación del acto legislativo 01 de 2003, que dice que “los períodos para cargos de elección son institucionales y quienes sean designados, en reemplazo por falta absoluta del titular, lo harán por el resto del período para el cual fue elegido”. A pesar de esto, los ingredientes que rodean el tema son tan complejos que el mismo alto tribunal calculan que se necesitarán al menos cuatro sesiones para tomar una decisión definitiva.
En medio de las suspicacias que suscita el tema, el magistrado Gustavo Gómez Aranguren, presidente del Consejo de Estado, dijo antes de comenzar el análisis que la discusión se limitará a estudiar si su elección se ajustó o no al reglamento. “Será un estudio con independencia e imparcialidad. Se trata de asuntos que tienen complejidad, trascendencia y que requieren prudencia, examen, ponderación”. Ayer, al término de la primera parte de la discusión, indicó que no volverá a pronunciarse mientras no exista un fallo definitivo.
Todo este debate judicial tomó vigencia y se incrementó tras la polémica que se desató en el país al conocerse que Morales se había casado por segunda vez con el controvertido Carlos Alonso Lucio, exguerrillero del M-19 y señalado de haber asesorado a grupos paramilitares durante los diálogos con el gobierno de Álvaro Uribe.
Hoy, la discusión se concentrará en definir la legalidad de la elección de Morales en la Corte Suprema, debido al cambio de terna y a que los magistrados cambiaron la interpretación frente a la mayoría que se requería para elegir fiscal general, para destrabar un proceso que llevaba 16 meses estancado sin elegir el sucesor de Mario Iguarán. Según el demandante Ferleyn Espinosa, el presidente Santos no podía cambiar la terna y la Corte violó su reglamento interno, porque para elegir al fiscal se necesitan los votos de las dos terceras partes de los miembros que integran el tribunal, es decir, 16, y se modificó esa interpretación para favorecerla.
La razón: La Sala Plena debe estar conformada por 23 magistrados y en la discusión para nombrar el reemplazo de Iguarán había 18 (cinco plazas estaban vacantes), lo que en su momento hizo difícil cumplir el requisito. Tras meses de discusiones sin llegar a un acuerdo, los magistrados le dieron una nueva interpretación al reglamento y establecieron que para este caso la mayoría sería sobre los 18 magistrados activos y no sobre 23. Viviane Morales resultó electa con 14 votos, los mismos que meses atrás había logrado la hoy magistrada Margarita Cabello Blanco.
Frente al proceso que se discute en el Consejo de Estado, la fiscal Morales no ha hecho comentarios. Sin embargo, fuentes de la cúpula de la Fiscalía, consultadas por El Espectador, dicen que ella está tranquila y que el hecho de que estén buscando sacarla de su cargo significa que está haciendo bien su trabajo y que está incomodando a muchos que antes era intocables. Frente a las constantes críticas por su matrimonio con Lucio, agregaron que su vida privada seguirá siendo privada, a pesar de que todos los procesados por la Fiscalía intenten minar su credibilidad atacándola por el lado de su esposo.
Por su parte, voces cercanas a la Casa de Nariño expresaron que allí sí hay preocupación por el futuro del proceso en el alto tribunal, ya que consideran que la eventual caída de la fiscal general llevaría a una crisis institucional sin precedentes. Incluso, hay quienes creen que el uribismo radical —que en los últimos días ha chocado duro con la Fiscalía por decisiones como las de Agro Ingreso seguro o las falsas desmovilizaciones— tiene aún gran influencia en el Consejo de Estado y eso es un punto en contra, aunque sienten algo de tranquilidad al saber que será una decisión que se tomará en Sala Plena. Algo que aumenta la preocupación es que la decisión en contra sea por el cambio de la terna. “En caso de prosperar esta tesis, ¿ello que implicaría? ¿Se tendría que volver a la anterior terna?”, cuestionó la fuente del alto gobierno.
La decisión que tome la Sala Plena del Consejo de Estado frente al caso de la fiscal general debe ser por mayoría simple de los 27 magistrados que la conforman, contra cuyo fallo no le procede recurso de apelación y, cabe aclarar, no pone en riesgo ninguna de las decisiones que hasta la fecha ha tomado la fiscal general.