El representante del ente investigador y acusador manifestó que ya se ha abierto el respectivo proceso para establecer si hubo o no conductas delictivas que dieron origen a una fraudulenta utilización de esta plataforma.
Pareja aseveró que ya hay un grupo de economistas, entre otros profesionales designados por el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, que se encuentran trabajando en la recopilación de indicios que permitan construir un hipótesis del caso.
Aseguró que la Fiscalía hará caer todo el peso de la Ley sobre las personas que hayan recurrido a conductas punibles, aprovechando este tipo de herramientas para provecho particular y privando a los más necesitados de hacerse a ellas.
Ahora la responsabilidad recaerá sobre la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, que deberá determinar si hay lugar o no a abrir procesos en contra del saliente ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y el actual jefe de la Cartera, Andrés Fernández Acosta.
El escándalo surgió luego de que se comprobara que un programa que había sido creado para ofrecer una alternativa productiva a los más pobres fue aprovechado por personas cuyos capitales superan en demasía las posibilidades de los primeros.