El juez primero de conocimiento de Bogotá le hizo un fuerte llamado de atención a la defensa del abogado Álvaro Dávila Peña por las constantes excusas de los testigos para no acudir a las diligencias judiciales en el desarrollo del proceso que se adelanta por el ‘carrusel de la contratación’.
La diligencia judicial que se tenía programa para este lunes tuvo que ser aplazada debido a la inasistencia de los testigos de la defensa del exasesor jurídico del Grupo Nule, procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio en concurso, e interés indebido en la celebración de contratos.
En su intervención, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia estas maniobras dilatorias afectan a la administración de justicia. “Son 117 testigos, llevamos 4 meses y aún faltan por lo menos 70 más”.
Debido a estos constantes aplazamientos la Fiscalía General de la Nación le exigió a la defensa evitar las posibles maniobras dilatorias por la inasistencia de los testigos y que los concrete por su utilidad y pertinencia para apoyar su teoría del caso en este proceso.
En su intervención el fiscal del caso manifestó que existe una preocupación puesto que en julio entra en vigencia el artículo 6 de la ley 1760 de 2015, la cual favorece a las personas que lleven más de dos años privadas de la libertad y no se les haya resuelto su situación judicial.
“Creemos que la Fiscalía ha trabajado con transparencia, con honestidad, pero con tantos aplazamientos y testigos pendientes, se pueda provocar una libertad que no creemos justa”, aseguró el delegado del ente investigador. Dávila Peña se encuentra privado de la libertad desde el 22 de diciembre de 2012.
Según la investigación, el abogado hizo parte de la “empresa criminal” conformada durante la administración de Samuel Moreno Rojas para cobrar comisiones a cambio de garantizar la entrega de millonarios contratos en la capital de la República.
Dávila habría sido el encargado de modificar el pliego de condiciones de los contratos viales (Fase III de TransMilenio, reparación de la malla vial y obras de valorización) con el fin que un reducido grupo de contratistas cumplieran “en el papel” los requisitos exigidos por el IDU.
El abogado habría pieza clave para que las empresas de Emilio Tapia y Julio Gómez resultarán beneficiadas con estos millonarios contratos, los cuales presentaron incumplimientos, sobrecostos y caducidades afectando así a la comunidad y desfalcando al Distrito.