Un Fiscal de la Unidad Anticorrupción archivó la investigación que se le adelanta a la directora del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, María Fernanda Rojas Mantilla y al subdirector general jurídico de la entidad, Fernando Guzmán Rodríguez por las presuntas irregularidades en el cobro de valorización.
En la decisión jurídica se indica que no se presentaron irregularidades ni anomalías en el cobro, facturación y recaudo de la segunda fase de valorización en Bogotá.
En la determinación se consideró que el Concejo Distrital estaba facultado para autorizar el cobro de la Contribución de Valorización por Beneficio Local, igualmente se indicó que el método de distribución de la contribución adoptado por los funcionarios del IDU se encuentra previsto en el Estatuto de Valorización de Bogotá.
Por último se señaló que la contribución asignada a cada predio es el resultado de una fórmula matemática que incluye coeficientes numéricos asignados.
Los hechos materia de investigación tenían que ver con la resolución 3800 en la cual se aprobó el mecanismo para realizar y distribuir la contribución de valorización de la fase II autorizada a través del acuerdo 180 de 2005 proferido por el Concejo Distrital.
Así como una serie de resoluciones en las cuales se asignó a la contribución de valorización por beneficio local a los predios incluidos en las zonas de influencia que integran la Fase II.
Estas acciones fueron denunciadas al considerar que los funcionarios habían actuado a beneficio propio, ya que el IDU carecía del «fundamento constitucional y legal».
Igualmente se buscaba establecer si se estaba presentando un cobro «exagerado», «desproporcionado» y «carente de fundamento» de la contribución.