Al considerar que no se allegaron pruebas que permitieran inferir las irregularidades en contratación, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que adelantaba por la adquisición de 100 motocicletas eléctricas para el servicio de vigilancia en la capital de la República.
En el fallo de 26 páginas, el ente investigador determinó que “no se pudo establecer” que haya existido violación al principio de transparencia en la firma de este convenio suscrito el 28 de agosto de 2012 por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y una empresa privada que tuvo un valor cercano a los 4.357 millones de pesos que tenían como destino la Policía Metropolitana de Bogotá.
La investigación tuvo apertura después de la denuncia interpuesta por la Contraloría General de la República, por medio de su delegada para el sector Gobierno por las fallas que se habrían presentado en la firma de este contrato por lo que en la acción se indicó una incurrencia en los delitos de contrato si cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por haber faltado a la transparencia y la no selección objetiva en la contratación de dicho servicio, entre otros.
“No se pudo establecer que haya existido violación al principio de transparencia (…) no se ha confirmado ningún tipo de conducta contenida en el contrato (…) no hay pruebas que sustenten la carencia de requisitos del contrato”, precisa uno de los apartes de la decisión, en la cual se hace énfasis en las entrevistas, inspecciones, valoraciones técnicas que se adelantaron en la indagación.
Agrega además que no se pudo determinar un detrimento patrimonial, como si lo alegó en su momento la Contraloría debido a que “no se concluyó la ganancia del comerciante, la cual no tiene parámetro en nuestro país, habida cuenta que se trata de la compra de bienes muebles que no tienen similar en Colombia”.
El proceso
Poco después de la firma del contrato, el ente de control fiscal presentó una denuncia al considerar que en este proceso de contratación se quebrantó el principio de transparencia ya que no se adelantó una licitación pública como lo exige la ley para que otros oferentes intereses en este convenio pudieran participar en esta acción.
Se argumentó que con esto no se realizó un proceso de selección objetiva ya que dicho contrato se le había entregado “a dedo” a la empresa que resultó ganadora. “Ya que no se pudo establecer si existía una oferta menos onerosa o más favorable”
Dentro de los puntos investigados, se destaca que desde el comienzo el proceso se limitó a las motocicletas de dicha compañía, “suscrito el contrato sin que el contratista tuviera la capacidad para comprometer la empresa dada la cuantía”. Lo que llevó a una investigación a fondo por parte de la Fiscalía General de la Nación.