La Fiscalía General citó a entrevista al Gobernador de Casanare, Marco Tulio Ruiz en el marco de la investigación que se adelanta por el desastre ambiental y ecológico que se ha presentado en el departamento en los últimos días, y que ha llevado a la mortandad a miles de animales.
En dicha diligencia el mandatario departamental deberán explicar las medidas que se han tomado para enfrentar dicha crisis, así como los mecanismos de acción, vigilancia y atención que se realizaron cuando se presentaron las primeras qujejas por parte de los pobladores.
El ente ya entrevistó al alcalde del municipio de Paz de Ariporo, Édgar Bejarano, quien presentó las actuaciones que se tomaron para enfrentar los estragos de esta ola de calor, así como las ayudas que se le han dado a los pobladores.
La jefe de la Unidad de delitos contra recursos naturales, Gloria Elsa Arias manifestó que una de las líneas de investigación está dirigida a revisar las autorizaciones irregulares que habrían entregado las autoridades departamentales y locales para la captación de agua a las empresas que explotan los pozos de petróleo, así como los arroceros, palmicultores y ganaderos.
Por esto, un grupo de expertos que hacen parte del grupo de investigadores recolectará elementos en las empresas de la zona, además de la revisión de las autorizaciones y licencias expedidas por Corpoorinoquia con sede en Yopal. Esto va dirigido a establecer si incurrieron en irregularidades en dichos procedimientos.
“La idea es conocer todos los detalles de las autorizaciones y acuerdos de las empresas de ese sector”, precisó Arias, al manifestar que cuentan con un equipo de 20 personas en esta investigación entre los que se destacan geólogos, fotógrafos, topógrafos, entre otros.
Con estas pruebas se busca establecer si las autoridades ambientales y municipales habrían incurrido en una acción u omisión de sus funciones, así como la desatención de las advertencias que habrían hecho diferentes organizaciones y los mismos pobladores frente a la falta de mecanismos dirigidos a contrarrestar la sequia y la falta de agua.
Por estos mismos hechos, la Procuraduría General le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), copia de todos y cada uno de los actos administrativos mediante los cuales esa entidad y el Ministerio de Ambiente otorgaron licencias ambientales para proyectos a ejecutarse en esa región durante los últimos tres años.
De igual forma, se pidió relacionar e informar el número de procesos sancionatorios iniciados por esa entidad como consecuencia de incumplimientos a obligaciones establecidas en las licencias ambientales otorgadas, y la periodicidad del seguimiento hecho a los proyectos licenciados.
A través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, pidió que se determine si en algunos de estos proyectos licenciados fue delegada formalmente la labor de seguimiento de la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en el departamento del Casanare.