La Fiscalía General conformó un grupo de 60 investigadores en la indagación por las presuntas irregularidades en la celebración de contratos por parte del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) dirigidos al suministro de alimentos y atención de los menores de edad.
Tras la realización de un comité de alto nivel con los fiscales e investigadores del CTI que conocen los procesos se fijaron dos líneas de investigación que busca establecer las falencias en la adjudicación y celebración de contratos con diferentes empresas para la alimentación.
La primera línea hace referencia a las presuntas fallas en la contratación para garantizar buena nutrición a la primera infancia (de 0 a 5 años de edad). La segunda a los contratos para atender a menores en escolaridad de 5 a 12 años.
El primer frente será asumido por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la corrupción. En 90 días se entregará el primer resultado ante el despacho del Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett.