Entre el 9 y el 13 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación registró con preocupación tres homicidios en contra de defensores de DDHH, líderes sociales y de restitución de tierras, hechos que se suman a una serie de crímenes en contra de esta población ocurridos en los últimos años.
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El 9 de noviembre, en Buenaventura (Valle del Cauca), fue asesinado el líder afrodescendiente John Jairo Ramírez Olaya, quien se destacaba como activista juvenil. El 13 de noviembre, en el municipio de Trinidad (Casanare), fue asesinado Daniel Abril, reconocido líder campesino y agrario quien hacía parte del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y quien había participado en la Mesa Nacional de Garantías. El mismo 13 de noviembre, en Tierralta (Córdoba) fue asesinado el líder de restitución de tierras Luis Francisco Hernández González, quien representaba a las comunidades afrodescendientes en la Mesa Local de Víctimas.
La Fiscalía rechazó enfáticamente los homicidios cometidos y anunció la creación de un grupo de investigadores conformado por cinco fiscales, seis investigadores y analistas de direcciones nacionales y seccionales, que tendrán a cargo los casos priorizados de este fenómeno criminal.
Este grupo especial buscará avanzar en la efectiva investigación y judicialización de los delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios.
Además, las 35 Direcciones Seccionales incluyeron dentro de sus planes de priorización 2015 actividades destinadas a fortalecer la investigación y judicialización de las agresiones de las que son víctimas defensores de derechos humanos. Así, cada una de las direcciones seccionales, con el apoyo y seguimiento del nivel central, han iniciado las acciones investigativas de carácter urgente con las cuales buscan aclarar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como establecer la identidad de los autores y partícipes de los tres homicidios cometidos en Valle del Cauca, Casanare y Córdoba.