La Fiscalía General vinculó a 45 militares, de diferentes rangos y pertenecientes a dos guarniciones, en la investigación que se adelanta por los hechos que rodearon un doble falso positivo registrado en zona rural del municipio de Aguazul, departamento de Casanare en el año 2005 y la muerte, dos años después, de uno de los testigos de este caso.
Los uniformados tendrán que responder por su presunta participación en los delitos de homicidio en persona protegida, porte ilegal de armas y falsedad en documento privado.
La investigación se divide en dos partes, la primera tiene relación con el asesinato de un campesino y su hijo menor de edad que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate, la otra es referente al crimen otro jornalero que fue testigo del hecho.
Según las pruebas recolectadas por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, los militares del grupo Delta 6, adscrito al Batallón Contraguerrillas No. 65 de la Brigada XVI con sede en Yopal registraron la muerte de dos subversivos en combate.
En un principio la investigación fue adelantada por la Justicia Penal Militar, sin embargo en el año 2007 fue trasladada a la Fiscalía General “debido a las inconsistencias que presentaron los informes oficiales” que dejaron dudas sobre la existencia del combate allí plasmado y el tiempo, modo y lugar en el que murieron los dos campesinos.
Por este hecho fueron vinculados a la investigación un mayor, un teniente y ocho soldados quienes están pendientes de que se le resuelva su situación jurídica. Los uniformados son investigados por los delitos de homicidio en persona protegida y porte ilegal de armas de fuego.
En junio de 2013 un juez de conocimiento condenó a 320 meses de prisión al subteniente Marco Fabián García Céspedes, quien fungió como comandante del Grupo Delta del Batallón Contraguerrillas No. 65 adscrito a la Brigada XVI del Ejército Nacional. En febrero de 2010 ya habían sido condenados a 36 meses de cárcel un cabo y cuatro soldados profesionales por el delito de favorecimiento.
La otra investigación
En el marco de la investigación, se pudo establecer que en marzo de 2007 fue asesinado un joven de 16 años quien habría sido testigo de otro crimen cometido por los militares.
Según las pruebas recolectadas, el 11 de octubre de 2005, en la sección de transportes del Batallón de Infantería No. 44 de Tauramena, Casanare, realizó el acta del levantamiento de un cadáver sin identificación, de sexo masculino, quien de acuerdo con la versión de un militar, falleció por heridas ocasionadas con arma de fuego durante enfrentamientos con las tropas del Ejército Nacional.
Dentro de la investigación, se vincularon 27 militares de diferentes rangos del Batallón Infantería No. 44 debido a su conocimiento y participación en los hechos que rodearon esta ejecución extrajudicial. Por el delito de homicidio en persona protegida tendrán que responder un teniente, un suboficial y cinco soldados profesionales.