En los próximos días la Fiscalía General fijará la fecha de la audiencia en la cual se le imputaran cargos y solicitará medida de aseguramiento contra 107 militares por su presunta participación en una serie de ejecuciones extrajudiciales en municipios de Caldas, Quindío y Risaralda.
Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, los uniformados serían responsables de la desaparición y asesinato de unos 40 jóvenes que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate.
En este sentido serían 30 los oficiales, la mayoría de ellos activos, vinculados a este proceso judicial que ha estremecido al eje cafetero.
La información de la Fiscalía indica que entre los uniformados procesados se encuentra militares adscritos a la octava Brigada y del Batallón de combate terrestre Mártires de Puerres (Popayán), Tolemaida (Melgar) y el batallón Ayacucho (Manizales), quienes entre 2004 y 2008 habrían participado en estas ejecuciones con el fin de demostrar resultados militares.
Ente las víctimas de los militares estarían de campesinos, dirigentes sindicales, recolectores de café e inclusive ilegales de los grupos armados del conflicto.