Luego de que una treintena de militares investigados por falsos positivos recuperaran su libertad en los últimos días por el vencimiento de los términos en sus procesos, el fiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, ordenó investigar a los funcionarios judiciales involucrados en estas decisiones, quienes podrían ser señalados del delito de prevaricato por omisión.
Mendoza explicó que si bien no hay casos individuales todavía, las alarmas de su oficina están prendidas. Y no es en el único organismo que está preocupado por esta situación. La Defensoría del Pueblo le solicitó al Ministerio del Interior convocar al Consejo de Política Criminal, con el propósito de evitar que la impunidad reine en esta delicada problemática. El defensor Vólmar Pérez sugirió que se dupliquen los términos cuando se trate de delitos de lesa humanidad, tal cual lo permitía el anterior sistema penal.
Y mientras esta aguda polémica continúa, se conoció que la Procuraduría destituyó a dos suboficiales del Ejército y 11 soldados profesionales por la muerte del campesino Diosedes Caicedo, quien fue presentado como muerto en combate el 31 de diciembre de 2004. Las inconsistencias de los reportes militares hicieron concluir al Ministerio Público que la versión de los uniformados no se ajustaba a la realidad.